Canal Abierto Radio | Hay preocupación entre los organismos sobre qué pasará con las políticas de Derechos Humanos en el próximo Gobierno. A 12 días de la asunción, hay mucha incertidumbre: aún no se sabe, por ejemplo, quién conducirá esa secretaría nacional -área con un rol clave en los juicios de Lesa Humanidad-, ni bajo que órbita funcionará, o si es que seguirá existiendo.
Pero además, las señales que dieron los principales referentes de La Libertad Avanza no son para nada alentadoras. En ese sentido, Matilde Bruera, abogada y titular de Justicia Legítima, remarcó que el discurso de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, no negacionista sino que directamente es “justificador del terrorismo de Estado”.
“A partir de ahí, no se puede esperar una política de Derechos Humanos y eso es muy preocupante”, señaló en diálogo con Canal Abierto Radio. “Pero –aclaró- las políticas de Memoria son una construcción del pueblo argentino, de la sociedad argentina, y no vamos a renunciar tan fácilmente a ellas. Vamos a defender lo que se ha construido y avanzar hacia el futuro”.
Ante este panorama, organismos de Derechos Humanos ya comenzaron a reunirse “para preparar las herramientas jurídicas y políticas necesarias” para enfrentar un escenario que probablemente sea de retrocesos. Ayer se encontraron en la sede de la CTA Autónoma que conduce Hugo “Cachorro” Godoy. Estuvieron presentes, además de Justicia Legítima, representantes de la APDH, Abogados Laboralistas, la Asociación Americana de Juristas, entre otros.
Bruera, también profesora de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario y diputada provincial de Santa Fe por Lealtad Kirchnerista, manifestó preocupación por lo que se perfila en materia de Seguridad, área que sería ocupada por la ex ministra de Seguridad durante el macrismo, Patricia Bullrich. Lo que representa “no condice con los principios de seguridad democrática”, evaluó.
En ese sentido, recordó algunos de los hechos más graves ocurridos durante la gestión de la también ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio: el asesinato de Rafael Nahuel a manos de Prefectura Nacional–cuyo juicio tendrá veredicto mañana -, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el marco de un operativo represivo de Gendarmería, y las distintas represiones a la protesta social entre 2015 y 2019.
El Villazo
Bruera, que es santafesina, también se refirió al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución a partir de marzo de 1975, que tiene entre sus 22 imputados a directivos de la empresa Acindar, en la que funcionó un centro clandestino de detención.
“Es un hito muy importante porque se juzga la responsabilidad civil de la dictadura militar, que es la gran deuda que tenemos en materia de derechos humanos, porque el proceso violento contra los militantes tenía que ver con la necesidad de imponer un plan económico”, expresó.
“Es muy importante que esto se pueda debatir públicamente ante un tribunal, con todas las garantías constitucionales, como se ha hecho siempre en argentina”, destacó la abogada.
Y añadió que “por eso estamos preocupados, porque el plan que esboza Milei es muy similar al de Martínez de Hoz, que vino acompañado de toda esa violencia: los militares fueron los instrumentos pero quienes lo dirigieron y colaboraron fueron civiles entre ellos, Martínez de Hoz, que murió impune”, señaló.