Redacción Canal Abierto | En vísperas de su debut frente a la protesta social, el gobierno que encabeza Javier Milei presentó el escenario en el que planea moverse ante la reacción que espera generen sus medidas. No por nada, fue una de las primeros aspectos a los que se refirió en su discurso el día de las elecciones en las que fue ungido presidente.
El slogan «dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada» incorporó contenido concreto. Las responsables fueron dos ministras del Ejecutivo Nacional. Se trata de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich y de su par en el megaministerio de Capital Humano, Sandra Petovello.
La primera presentó un protocolo para las manifestaciones en las que sólo se puede movilizar en las veredas y anunció que las personas que marchen serán filmadas y las imágenes cotejadas con los datos biométricos que el gobierno obtiene a partir de los DNI.
Por su parte, Petovello reforzó la idea de Milei «el que corta, no cobra». Para esto, se utilizarían los datos del Ministerio de Seguridad. También habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones de líderes sociales que condicionan la asignación del plan a la concurrencia a las manifestaciones.
Consutlado por Canal Abierto, el abogado especializado en derechos humanos e información Jerónimo Guerrero Iraola manifestó que “todo lo que ha ido anunciando el Gobierno y las respectivas carteras en relación con la criminalización y amenaza directa de adoptar en perjuicio de la de la protesta social es inconstitucional y obviamente no supera un test de convencionalidad”.
“El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano y el derecho a la protesta está comprendido dentro del derecho a la libertad de expresión”, agregó. Y planteó que “dar amenazas de que si vos peticionas ante las autoridades utilizando el espacio público como un medio de visibilidad y de representación de tu reclamo , vas a tener consecuencias ya sean penales sean económicas”, destacó el letrado
Y ejemplificó: “es como si a un medio de comunicación lo clausuraran por decir algo con lo cual el gobierno está en contra, hay que equipararlo a esto”. “No respeta los estándares que hay construidos en la materia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay protocolos específicos en relación a cómo debe habilitarse y permitirse la protesta social”, agregó.
Guerrero Iraola advirtió que con estas medidas, el Gobierno “está matando uno de los fundamentos de la República y la democracia que justamente tiene que ver con la posibilidad de peticionar ante las autoridades y de visibilizar un reclamo. Ese es el marco de de vulneración de derechos en el cual se da lo de la identificación”.
Respecto de la supuesta contradicción entre dos derechos garantizados por la Constitución Nacional , como el de libertad de expresión y de libre circulación, Guerrero Iraola aclaró que “hay una cuestión que no es equiparable y es que no es el Estado el que está impidiendo la libertad de circulación, sino en todo caso hay un hecho que es una protesta social, que es lo que lo impide”.
“Cuando hay dos derechos de la misma jerarquía como el de petición a las autoridades y el derecho a la libertad de circulación deben prevalecer aquellos que tengan una vinculación más precisa con la sistematicidad de nuestro ordenamiento jurídico. Y en este caso la libertad de expresión va a prevalecer porque es un derecho humano instrumental”, explicó
En tal sentido detalló que dicho derecho es “instrumental, es un derecho que te sirve para reclamar otros derechos. Si a vos te queda licuado por la inflación tu plan social y no le podés dar de comer a tus hijos, no sólo estás protestando y ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión, sino que lo estás haciendo para garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a una vida digna. Ahí se ve el instrumentalidad del derecho a la libertad de expresión”.
El abogado alertó que “lo primero que anuncia Bullrich, y que quedó ahí como medio al pasar, es que van a hacer inteligencia sobre las organizaciones y los líderes de las organizaciones sociales y políticas que reclamen. Esto ya de por sí es ilegal, está prohibido por la Ley de Inteligencia realizar este tipo de actividades y utilizar el aparato del Estado para investigar y hacer inteligencia sobre las personas que ejercen un liderazgo político”.
Respecto de la identificación de asistentes para tomar represalias posteriores, Guerrero Iraola sostuvo que “se utilizan bases de datos del Estado que fueron brindadas con finalidades específicas para hacer el cotejo y la identificación. Eso también es ilegal porque hay una ley de protección de datos personales que establece que uno cuando brinda determinada información y sobre todo información sensible como lo son los datos biométricos y otro tipo de datos deben utilizarse con aquella finalidad expresa para el cual fueron consentidamente brindados”.
“El Estado no puede hacer cualquier cosa para identificar cuando no hay un delito. Porque uno podría decir, bueno, se está haciendo en el marco de una identificación de un delito en un proceso de flagrancia. Ahí uno podría pensar que el Estado tiene determinadas capacidades para hacer cesar una situación delito, pero no es el caso tampoco”, afirmó.
Respecto del uso de datos, el activista Javier Smaldone expuso a Canal Abierto que “es el blanqueo de una situación que ya sabíamos hace años que era posible y que tenemos fuertes indicios de que se ha hecho más de una vez”. Y recordó que “esto es posible desde que en el año 2011 se implementa junto con el nuevo DNI con el sistema federal de identificación biométricas que consiste en alimentar una base de datos con los rasgos faciales de las personas”.
Smaldone explicó que “desde el 2011, cada vez que uno renueva o saca su DNI no tiene que llevar la fotito como hacíamos antes, sino que nos toman una foto. Al tomarnos esa foto, atrás hay un sistema que registra y mide que distancia entre ojos, formas de las orejas y otras características que van a parar un sistema informático y que después pueden ser usados para identificar gente en cualquier imagen o video obtenida como sea”.
El especialista señaló que esto es posible debido a la existencia de un registro único que concentra la información de toda la ciudadanía. “Países con un registro único centralizado donde están los datos nombre apellido fotografía y huellas dactilares de todos los ciudadanos solamente lo vamos a encontrar en la Argentina y en otros países latinoamericanos que han sufrido dictaduras”, alegó.
Y contó que “la creación del Registro Nacional de las Personas y del DNI están hechos en virtud de un decreto ley de Onganía. Vale decir que nuestro registro nacional nunca fue discutido en un congreso democrático y el decreto ley tiene como título Ley de Clasificación y Registro del Potencial Humano Nacional. Es algo que parece sacado de la novela 1984 de Orwell”.
“Esto que tenía cierta gravedad y se prestaba para ciertos malos usos hace unas décadas, hoy en día con la informatización los riesgos explotan. Además, hace más de una década vemos sumado a las huellas digitales y luego los faciales. Y ya hay proyectos de sumar lectura del iris de los ojos y hace unos años la ministra Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Macri propuso crear una base de datos de ADN de todos los ciudadanos”, agregó
Y concluyó: “siempre hay ventajas y se nos ofrece como algo que va a poder ser más fácil o más seguro. El problema es que todo eso también puede servir y va finalmente a servir en algún momento para identificarnos y para seguirnos”.