Redacción Canal Abierto | Tras la movilización con la que organizaciones sociales rememoraron los 22 años de las movilizaciones que dieron fin al gobierno de Fernando De La Rúa, el Gobierno anunció que trasladaría el costo del operativo de seguridad montado para la jornada. Esta medida figuraba en el protocolo presentado la semana pasada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aunque era un aspecto sobre el que había bastantes dudas respecto de su implementación.
El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la cifra de 60 millones de pesos, que deberán abonar ser pagados por 14 organizaciones que dicen haber identificado durante la movilización del miércoles.
El anuncio de Adorni fue acompañado de una publicación en el Boletín Oficial en el que se le indica a las fuerzas federales que realicen los cálculos necesarios para establecer el costo de un operativo de seguridad.
Canal Abierto consultó a Victoria Darraidou, coordinadora del área de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) quien afirmó que esta medida “prohibe y transforma un derecho constitucional, como es el derecho a la protesta, en un delito”.
Darraidou señaló que “en ese protocolo había un artículo que planteaba que, de una manera muy difusa compleja de aplicar, le correría a las organizaciones los costos del operativo policial. Esto es un problema porque hay que considerar primero que la protesta no es un delito como lo establece esta resolución ministerial, sino que es un derecho básico de nuestra democracia como lo establece la Constitución que tiene un rango muy superior a una resolución ministerial”.
Y observó que “es un problema pensar que el Ministerio de Seguridad podría tercerizar los costos de su existencia, en este caso a organizaciones. Porque el estado argentino es el que debe tener la obligación de desarrollar y brindar seguridad a la población. El Estado brinda seguridad a la población. Es una obligación y es una facultad”.
La advirtió que “lo que se está haciendo es revertir algo que es una obligación del Estado. O sea, lo se presenta como una obligación del Estado que tiene que imprimir una protección tanto de las personas que manifiestan como de las personas que están en la escena que no forman parte de la manifestación pero que se encuentran en los alrededores. La administración del tránsito que es algo lógico que tiene que hacer la policía en casos de contextos de protestas sociales para hacer valer esa tensión de derechos que existe cuando hay una manifestación que es el derecho protestar y por otra parte un derecho a circular y usar las calles para dirigirse de un lado a otro”.
“Entonces lo que hacen en primer lugar es revertir una obligación básica del Ministerio de Seguridad que es proveer justamente seguridad y hacer correr como que es una responsabilidad en este caso monetaria de las organizaciones que ejercen una protesta social”, añadió Darraidou.
La integrante del CELS planteó que detrás de esta medida se esconde la intención de desalentar a quienes quieran manifestarse en contra de las medidas gubernamentales.
En tal sentido, expuso que “es absolutamente grave que busque desfinanciar a las organizaciones sociales, desconociendo el trabajo social y de defensa derechos humanos que hacen. Porque hablamos de organizaciones políticas o sociales que representan a los sectores más empobrecidos de la población. No hablamos de organizaciones que recaudan dinero, que tienen financiamiento o que se encuentran enriquecidas, sino que, por el contrario, es profundizar las condiciones de pobreza en este caso de las organizaciones, pero que recaen sobre las personas”.
Y resaltó que “el otro elemento que es absolutamente discrecional y antojadizo de esta norma es pensar en cómo se fijan los parámetros para multar a organizaciones por el uso del espacio público en el caso de protesta social y cómo se calcula ese costo. No es un costo que deciden discrecional y caprichosamente las fuerzas de seguridad. No suele hacerse esto por parte de las fuerzas federales que es monetizar cuánto sale un operativo policial”.
“Acá llaman a hacer eso a las policías, las cuales no tienen ningún tipo de de conocimiento para hacer ese cálculo, que se hace de una manera discrecional. Y también esa serie de organizaciones o personas que deberán pagar las decide también el Ministerio de Seguridad, que aleatoriamente decide que estaban también y caprichosamente deciden que ellos tienen que pagar sobre una cantidad de personas que se encuentran en una protesta”.
En el fragor de la movilización y el operativo que buscaba sobreactuar la mano dura, se dio el episodio en el que el Ministro de Seguridad porteño Diego Kravetz dijo que el Gobierno de la Ciudad no había requerido de la participación de las fuerzas federales. Con lo cual, la ministra Bullrich es quién decide cuándo debe actuar, para luego facturar en consecuencia.
Sobre esto, Darraidou contó que “hoy aparece en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que indica que llama crear una especie de operativo unificado entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en lo que llaman a los alrededores de los ejidos de los territorios nacionales. Y ahí también hay que definir cuál es estrictamente ese territorio”.
Y concluyó: “hay una jurisdicción que es de las policías de las provincias. Entonces podría pasar lo que el otro día, que es meterse en la facultad de otra jurisdicción. En esta resolución convocan a la adhesión de las distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para abordar esos casos, que por ejemplo, podría pensarse que en la ciudad de Buenos Aires la puerta de la Catedral es de custodia de la fuerza federales o qué pasa con la esquina de enfrente o sobre Avenida de Mayo. El problema es que no es claro cuál es el alcance de ese ejido del Territorio Federal”.