Redacción Canal Abierto | Sindicatos y organizaciones que convocaron a las movilizaciones del 22 y del 27 de diciembre pasados recibieron esta tarde cartas documento firmadas por el Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional Martín Siracusa en el que se intima a abonar los costos de los operativos de seguridad y control de tránsito realizados en sendas jornadas.
En el caso de las ollas populares realizadas el 22 de diciembre, el monto requerido por la cartera que conduce Patricia Bullrich asciende a $56.760.282,58, mientras que el correspondiente a la movilización a Tribunales del 27 del mismo mes, a $40.419.227,56.
Al igual que el protocolo contra la protesta social que anunció Bullrich en diciembre pasado con el nombre de “mantenimiento del orden público”, la medida anunciada en aquella ocasión también tiene su propio eufemismo, al mencionar como “pago solidario” a la multa millonaria.
Las organizaciones intimadas son ATE Nacional, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval, la Federación Nacional Territorial, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Sindicato Prensa de Buenos Aires, el Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino, la CONADU Histórica, la Unión Obrera de la Construcción, la Unión Obrera Metalúrgica, el Frente Barrial CTA, Libres del Sur, el Sindicato de Camioneros, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el Movimiento Socialista de Trabajadores, Izquierda Socialista y la Federación de Trabajadores por la Economía Social.
En un comunicado de prensa, la CTA Autónoma, una de las organizaciones afectadas, señaló que se trata de “actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”.
En la misiva firmada por el Secretario General Hugo “Cachorro” Godoy junto a los Adjuntos Ricardo Peidro y Mariana Mandacovik, se anuncia que “ya hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar estas intimaciones. Hemos realizado presentaciones ante la OIT por la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tal en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas”.
Y advierte que “desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”.
“De igual manera ratificamos la convocatoria al Paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Congreso de la Nacional, e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de Sitio de hecho”, concluye el escrito.