Redacción Canal Abierto | La Cámara Nacional de Trabajo concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y elevará a la Corte Suprema la causa de la CGT contra el DNU de Javier Milei. Así, la pelota queda en la cancha del máximo tribunal, quien deberá definir la cuestión del capítulo referido al trabajo del megadecreto de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre pasado.
Tras movilizar al Palacio de Tribunales el 27 de diciembre pasado, la central obrera presentó un amparo bajo la consideración que el DNU 70/2023 transgrede el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones “peyorativas y permanentes” en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones gremiales, que se encuentran garantizados tanto por tratados internacionales como por la Constitución Nacional.
El capítulo objetado por la CGT incluye la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
Entonces, la Cámara Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que dejó en suspenso la aplicación del capítulo del DNU que modificaba la legislación laboral. El Gobierno presentó una apelación a través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, que hoy le fue concedida, pero con efecto “devolutivo”, lo que implica que, en tanto se esté a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, la reforma laboral sigue suspendida.
La Corte Suprema no se maneja con plazos establecidos y a lo largo de su historia ha sabido manejar distintos criterios de premura, según el caso y los actores en juego. Esta situación develará cómo se parará ante el gobierno asumido hace menos de un mes. Distintos analistas judiciales esperaban que el plazo para que el tribunal supremo empiece a jugar fuera un poco más extenso.
Entre los muchos reclamos presentados en la Justicia contra el DNU y la Ley Ómnibus, la CTA Autónoma se adelantó solicitando un amparo contra el DNU en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal; y una denuncia penal contra el presidente Milei por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
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