Redacción Canal Abierto | Como ocurre con muchos empleos, para trabajar en el Estado, en Tucumán, hay que realizarse exámenes preocupacionales y completar un formulario sobre antecedentes laborales, familiares y de salud. Pero entre las preguntas aparece una que encendió las alarmas: hay que declarar el número de abortos que la postulante se ha practicado.
“Hicimos una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de la provincia porque advertimos que dentro de la documentación que se exige para ingresar a puestos estatales hay una declaración jurada donde vos das muchos datos de salud y entre ellos tenés que declarar el números de abortos que te hiciste”, explica Soledad Deza, integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres, ONG que denunció la situación.
La perspectiva de género no es la letra E, es entre otras cosas todos los compromisos que existen vigentes para garantizar que vamos a tener igualdad de oportunidades. Y éste, sin duda, es uno de esos casos. Esto tiene un impacto desproporcionado en términos de género en las mujeres y personas con capacidad biológica de gestar”.
Soledad Deza, abogada de Fundación Mujeres x Mujeres.
Los preocupacionales son exámenes de salud, aptos físicos obligatorios antes de ingresar a los trabajos. Pero el pedido para que se modifiquen los formularios se fundamenta en que el mismo exige datos sensibles que no son inherentes al empleo solicitado. También en que al hacerlo incurre en distintas violaciones de derechos.
El marco legal
La presentación fue vehiculizada por la Fundación para resguardar a las personas que, una vez trabajando en el Estado, no quieren denunciar por temor a represalias.
“Además de cuestionar que no hace a la idoneidad de ningún trabajo, nosotros decimos que en nuestro país compromete el derecho a no autoincriminarse porque todos tenemos derecho a no declarar contra nosotros mismos. Al tener carácter de declaración jurada, se están preconstituyendo pruebas que después pueden usar en contra de la solicitante”, detalla Deza en diálogo con Canal Abierto.
Por otro lado, la Fundación invocó el derecho a la confidencialidad. “Es un dato sensible que no tiene por qué estar en un legajo laboral al que tienen acceso una cantidad de personas que no tienen obligación de guardar secreto, porque no tiene la misma protección que las historias clínicas. Estos datos no tienen por qué ser preguntados. Es como que me pregunten cuántas relaciones sexuales tengo al día”, explica Deza.
Esta situación también es violatoria de los compromisos con la igualdad de oportunidades que en la Argentina están cumpliendo 30 años, tras haber ingresado en la Constitución de 1994 a través del artículo 75, inciso 22 y 23.
“La perspectiva de género no es la letra E, es entre otras cosas todos los compromisos que existen vigentes para garantizar que vamos a tener igualdad de oportunidades. Y éste, sin duda, es uno de esos casos -sostiene la letrada-. Esto tiene un impacto desproporcionado en términos de género en las mujeres y personas con capacidad biológica de gestar”.
Los exámenes y cuestionarios están a cargo del Servicio de Salud Ocupacional (SESOP), una entidad pública dependiente del Poder Ejecutivo, que realiza los exámenes preocupaciones para ingresar a cualquier área estatal. Sin embargo, desde la Fundación advierten que este tipo de preguntas también se hacen en preocupaciones de empresas privadas, por lo que en su presentación también solicitan al secretario a cargo, Mario Racedo, que “asegure que este tipo de violaciones de derechos no van a pasar inadvertidas y que cesen”.
La Fundación detectó que esto pasaba el año pasado, pero no saben a ciencia cierta desde cuándo ocurre. “Es un casillero más, está supernaturalizado”, aseguran. Tampoco pueden asegurar que sólo ocurra en Tucumán, por lo que pusieron la presentación a disposición de otras provincias que lo necesiten.