Redacción Canal Abierto | El 19 de febrero, durante la comunicación oficial a cargo del vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, y como parte de su cruzada contra los sindicatos, el Gobierno anunció que impulsaría un cambio de modelo en el sistema de salud: una desregulación de las obras sociales, que las pondría en “libre competencia” con las prepagas.
En la práctica, el Decreto 170/2024 que se publicó dos días después establece que los 14 millones de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, y las más de 5 millones de personas que están en el sistema general ya no deberán permanecer durante un año en la obra social correspondiente a la actividad que ejerzan. Esto significó que desde el sindicalismo aseguraran que judicializarían la medida, pero tampoco cayó bien dentro del sector de prepagas.
Sucede que la medida —que reglamenta el Título XI del megadecreto 70/2023—, como contrapartida obliga a las empresas privadas de salud a aportar un 20% de las cuotas que les cobran a sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), aporte que es un 10% para los monotributistas, y 15% para las obras sociales.
Un dato no menor es que los sueldos de los trabajadores que aportan a las obras sociales y por tanto a este fondo, subieron más que las prestaciones destinadas a estas personas”.
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Rápidamente, Claudio Belocopitt, responsable de la Unión Argentina de Salud que nuclea a las prepagas, salió a desacreditar al FSR. “Este fondo no funciona. Hoy, las obras sociales quieren acudir a él para conseguir una droga y no la consiguen o no les dan el reintegro. El 90% se destina solamente a las prestaciones de discapacidad y todo lo de alto costo queda sin cobertura”, aseguró en TN.
Sus declaraciones suscitaron una reacción en los sectores vinculados a la población con discapacidad, que viene siendo castigada con destratos varios, licuación de haberes, vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, y hasta por el cuestionable humor presidencial.
La reacción
Un informe realizado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad con información brindada oficialmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, sobre lo destinado a través del Mecanismo Integración a las Obras Sociales en 2021 y 2022 sostiene que en 2021 sólo el 36,6% del Fondo fue destinado a la atención de las personas con discapacidad. En 2022, fue 44%. “O sea que, el 63,40% (2021) y 56% (2022) fueron a cubrir otras problemáticas”, explican desde el Foro.
“Un dato no menor es que los sueldos de los trabajadores que aportan a las obras sociales y por tanto a este fondo, subieron más que las prestaciones destinadas a estas personas”, agregan en un comunicado.
La Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE) aseguró que la postura de las prepagas “profundiza la crisis” en el sector, que ya arrastra una falta de actualización de los aranceles que, con los altos índices de inflación de los últimos meses, puso “al borde de la paralización total a las prestaciones a más de 200.000 personas con discapacidad en todo el país”.
El FSR fue creado en 1980 para reintegrar el dinero a las obras sociales en el caso de tratamientos complejos y costosos, y subsidiar a las obras sociales con menos recursos para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que fija el Ministerio de Salud.
Por su parte, la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE) aseguró que la postura de las prepagas “profundiza la crisis” en el sector, que ya arrastra una falta de actualización de los aranceles que, con los altos índices de inflación de los últimos meses, puso “al borde de la paralización total a las prestaciones a más de 200.000 personas con discapacidad en todo el país”.
Según la CASAIE, en 2023 los aranceles aumentaron un 120,8% en tanto la inflación fue de un 211%, lo que significa que los aranceles están un 117% por debajo de los aumentos generales. Situación agravada porque el sistema de pagos previsto por ley abona las prestaciones entre los 60 y 90 días después de presentada la facturación correspondiente. Días atrás, junto al Foro, presentaron un petitorio en la Quinta de Olivos dirigida al presidente Javier Milei donde le informaban de la situación, que aún no tiene respuesta.