Redacción Canal Abierto | Tras conocerse el anuncio del Comisionado de las Georgias y Sandwich del Sur Reino Unido, de la restricción total para la navegación y la pesca que extiende el control británico sobre aproximadamente 170.000 km cuadrados adicionales del Mar Austral, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento a la canciller Diana Mondino.
En la misma se la intima a pronunciarse en defensa de la soberanía nacional sobre un territorio que el país reclama como propio. En tal sentido se cita dos pasajes de la Constitución Nacional.
El primero es el artículo 27 de la Carta Magna, que indica que “el Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.
El otro es la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que estupila que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Además, se plantea que Mondino debe cumplir con los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de Naciones Unidas que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.
“Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, por tanto plenipotenciaria, guarda silencio institucional/oficial frente a las provocaciones del Reino Unido, como el caso de la visita del Canciller Británico, David Cameron a nuestras Islas Malvinas; o los ejercicios militares que despliega la potencia colonial sobre nuestro territorio y aguas nacionales; o la vocación unilateral e ilegal de Gran Bretaña de extender la zona de exclusión oceánica sobre una superficie de 166.000 kilómetros cuadrados”, se lee en un fragmento del escrito que recibió Mondino.
Y se le recuerda a la Canciller que la entidad tiene la manda societaria de “defender los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur de todo dominio colonialista e imperialista” y que en su carácter de funcionaria “ha jurado por la Constitución Nacional, las leyes nacionales y la plena vigencia del Estado de Derecho, por lo que se encuentra obligada no sólo a conocer acabadamente la normativa, sino a actuar en consecuencia, generando las expresiones, reclamos, quejas y acciones correspondientes que tiendan a fortalecer el reclamo por la soberanía argentina de las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes”.
“Es su deber propender a la proliferación y consagración de la paz, como derecho humano instrumental, en la inteligencia de que la base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región, y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista. Se encuentra Ud. incursa en flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal)”, agrega.
Y plantea al hacer esto, “falta el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas, a los caídos, a quienes yacen en nuestras Malvinas. Tal desprecio merece la tacha de infamia y la coloca en situación de traición a la Patria”.
El escrito culmina con la intimación en el plazo de 24 horas “a producir las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica, haciendo valer el sentido soberano y el principio de integridad territorial, la cosmovisión marítima y bicontinental argentina, y expresándole claramente a la comunidad internacional que las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron son y serán argentinas. Lo expuesto, bajo apercibimiento de denunciarla penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.