En línea con la decisión de reducir al Estado a su mínima expresión, el Ministerio de Economía dispuso el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Desde ATE defendieron el rol estratégico de un organismo que acompaña y promueve la producción de alimentos y la agroecología en todo el territorio nacional, y desmintieron la información difundida por el vocero Manuel Adorni y por el propio presidente de la Nación para justificar la medida.
Entre otras cuestiones, Adorni dijo que si iban a reducir 900 puestos de “no trabajo”, que el Instituto “tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero”, y que “uno de cada tres empleados eran delegados”. También afirmó que el área tenía 204 vehículos y que el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. “Casi una agencia de empleo político”, acotó el vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa.
Al respecto, desde la junta interna de ATE Agricultura Familiar respondieron: “Es mentira, somos más de 900 trabajadores que dependemos de nuestro salario para vivir”. Asimismo, afirmaron que “todes les técnicos del INAFCI podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución”. Sobre la planta vehicular, señalaron que si fuera como señala el vocero deberían haber, por lo menos, 10 vehículos por provincia. Sin embargo “hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales”, denunciaron.
De acuerdo a lo informado desde la cartera que preside Luis “Toto” Caputo -a la que Instituto se incorporó en febrero luego de un breve paso por Capital Humano y tras su eyección de Jefatura de Gabinete, sin nunca tener a nadie a cargo- el área se convertirá en una Dirección Nacional. Para ello, se reducirá el plantel a 64 personas, se nombrará un interventor que se encargará de realizar “una auditoría integral” y se cerrarán todas las delegaciones territoriales. El objetivo del Gobierno: ahorrar unos 9.000 millones de pesos.
A pulmón
Agricultura Familiar fue creada en 1993 y desde entonces, con una planta de trabajadores que en un 100% está precarizada, con contratos de planta transitoria que se renuevan periódicamente, sostiene una política pública orientada a acompañar a los productores campesinos e indígenas.
El área se ocupa de garantizar, entre otras cuestiones, el acceso al agua y a la tecnología en las comunidades rurales, promueve mejoras en la infraestructura productiva y cumple un rol social clave. Así, por ejemplo, gestiona y acerca el monotributo social agropecuario a quienes lo necesitan y, en un sector altamente feminizado, realiza una tarea de acompañamiento que es fundamental para las mujeres campesinas que viven en lugares muchas veces aislados. Asimismo, produce datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena) e impulsa mercados de cercanía y circuitos de comercialización sin intermediarios.
En primera persona
Leonardo Janjetic es técnico de Agricultura Familiar y delegado de ATE en la región Cuyo. Trabaja junto a familias campesinas del sector caprino en el norte de San Luis. En diálogo con Canal Abierto, cuenta que a partir de la intervención del Instituto lograron que las familias puedan vender su producción a través de frigoríficos. También, colaboraron en la venta en fiestas provinciales de chivo “para que el sector este representado”, y con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) desarrollaron “una pequeña cuenca lechera de leche de cabra, que en general va a parar a perros y chanchos, para poder comercializarla a lecherias de la zona”.
Como se ve, “no estamos cruzados de brazos”, comenta y agrega que, actualmente, se encontraban en pleno proceso de ejecución de un proyecto de 35 millones de pesos del PRODECCA (DIPROSE) que beneficia a 80 familias. “Y lo estamos ejecutando con nuestros vehículos, con nuestras afiches, nuestras computadoras, y todo así”, describe.
Según Janjetic, que el Gobierno apunte al Instituto para llevar adelante el ajuste en el Estado tiene que ver, primero, con que están repartidos en todo el país, “lo que genera cierta dispersión para poder llevar adelante un plan de lucha, como pasó con el INADI y los Centros de Referencia de Desarrollo Social”.
“Pero además, porque somos herramientas del Estado para reconstruir el tejido social en las comunidades rurales y en los distintos territorios, y lo que buscan este tipo de políticas es profundizar el individualismo en la sociedad y liberar el territorio para que las familias campesinas estén cada vez mas desprotegidas ante el avance del agronegocio, de la minería o del sector inmobiliario especulativo”, apunta.
En un contexto en el que hasta el Gobierno adepto a la desregulación se queja por el aumento desproporcionado de los precios de los alimentos, el trabajador destaca el rol de Agricultura Familiar para garantizar la soberanía alimentaria. “Cuanto más diversificada es la producción de alimentos, cuanto más diversificado son los productores más justo es el sistema alimenticio. No depender de monopolios que concentren la producción, la industrialización y los insumos es una contribución a los precios, a que haya alimentos en los territorios y a una sociedad más justa”, asegura.
Compromiso
Janjetic también desmintió que dos de cada tres trabajadores sean delegados: en provincias numerosas como Misiones donde hay 100 trabajadores, hay 4 o 5 delegados, y en Mendoza, con 45 trabajadores, hay una delegada, informó. Pero al margen de eso, sostiene que lo que le molesta al gobierno es que, por la propia labor que realizan, son un sector con un fuerte compromiso político con los procesos que ocurren en los territorios.
“Lo que para el gobierno es algo criticable para nosotros es algo para reivindicar”, afirma quien además es delegado de la seccional norte de la CTA San Luis. “Que los trabajadores no solo nos preocupemos con nuestro sector sino con la clase trabajadora en su conjunto, para nosotros no es una debilidad sino una fortaleza. Por la concepción individualista a ultranza que tienen, no pueden dimensionar que alguien pueda hacer un trabajo ad honorem o militante sin sacar provecho personal de eso”, apunta.
“Sabemos que es muy difícil entrar hoy con esta discusión en la sociedad pero creemos que es importante intentarlo, porque son estos argumentos los que más calan en quienes están despolitizados”, señala Janjetic.