En el Centro Cultural Padre Mugica de San Telmo, se realizó ayer un conversatorio, organizado por la agrupación Sobrenxs, que reunió a juristas destacados como Eduardo Barcesat y el ex juez federal de causas de Lesa Humanidad, Carlos Rozanski, quienes propusieron impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El negacionismo del terrorismo de Estado, la cuestión Malvinas y la soberanía territorial, la suma del poder público a partir de las facultades que otorga el decreto 70/2023, fueron algunos de los puntos puestos a consideración del panel como posibles causales. También expusieron José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, y participaron Alicia Castro y la periodista Cynthia García como moderadoras.
Al inicio del encuentro, Alicia Castro planteó que el negacionismo impulsado por parte del actual titular del Poder Ejecutivo, en el que “a través de una narrativa de violencia niega el terrorismo de Estado”, se vincula directamente con la intención de reeditar la política económica impulsada durante el último proceso militar de “planificación de la miseria”.
La ex embajadora también recordó la cláusula de la Constitución del 94 que consagra como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y preguntó si los actos de acción y omisión del Gobierno que están en contra de este principio irrenunciable también pueden ser considerados una causal de juicio político. Por último, planteó su preocupación por la política exterior que impulsa Milei, sobre todo por la injerencia en la guerra de Israel en Palestina.
“Hay condiciones sobradas”
En relación a la cuestión de la suma del poder público, el constitucionalista Eduardo Barcesat recordó el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
“Actos de esta naturaleza –señaló- llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. En esa línea, aclaró que esto vale no solo para aquellos que conceden esa facultad sino también en los casos en los que alguien pretenda arrogarse este poder, como el actual Presidente.
Barcesat indicó que la presentación que van a realizar no será únicamente jurídica sino multifacética y que incluirá cuestiones económicas, al tiempo que destacó como uno de los puntos centrales el quiebre del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional por parte de Milei. “Para el juicio político hay condiciones sobradas tanto del mal desempeño como posible comisión de delito en ejercicio de funciones”, sostuvo.
Rosanzki, por su parte, señaló que son “cientas las causales de juicio político” y que la expresión “legitimidad de origen está bastante malversada”. “En 40 años de democracia nunca se hizo tanto daño en tan poco tiempo, y esto nos lleva a que esa legitimidad de origen, en el caso de Javier Milei, sean las primeras 24 horas desde que asumió”. En este sentido, indicó: “Hoy lo único que queda es el reclamo de juicio político, son infinidad de causales pero necesitamos la decisión política de los diputados”.
El exjuez destacó además la causal genérica vinculada con “el mal desempeño” e hizo hincapié en las publicaciones discriminatorias que difundió el actual Presidente de la Nación, que tiene en sus redes sociales más de dos millones de seguidores. Entre ellas, una en la que define al Estado como “un pedófilo con nenes encadenados envaselinados en un jardín de infantes”, y otras dos publicaciones en contra del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, una de ellas vinculándolo con una persona con síndrome de Down.
La correlación de fuerzas
Para que prospere el juicio político deben darse las causales de mal desempeño o la comisión de delitos, y como primer paso, la Cámara de Diputados debe reunir una mayoría especial. Luego, Senadores debe definir si continúa el proceso para aceptar o rechazar la remoción del cargo.
Como señaló José Manuel Ubeira durante el conversatorio, “para el juicio político del Presidente se necesita una mayoría calificada en el Senado”, sin embargo, “esto tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos del actual gobierno”, agregó.
“No conozco una sola gesta que haya sido importante y que no haya comenzado con una correlación desfavorable de fuerzas”, sostuvo a su turno Maximiliano Rusconi. Durante su exposición el abogado también se refirió a distintas causales, entre ellas, recordó que el Poder Ejecutivo está ejecutando el Presupuesto de 2023 que establecía responsabilidades de financiamiento de comedores comunitarios y de entrega de medicamentos oncológicos, entre otros puntos. “Si Milei hubiera enviado otro Presupuesto, no habría problema pero está ejecutando un Presupuesto que es Ley y que establece determinadas responsabilidades”, cuestionó.
En ese sentido, explicó: “El artículo 106 del Código Penal establece que el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”. El abogado también apuntó al episodio a través del cual primero José Luis Luis Espert y luego Milei llamaron a la revolución fiscal en la provincia de Buenos Aires.
Barcesat también opinó sobre la necesidad de sumar apoyo político y dijo que una medida como la propuesta se tornara viable “a medida que la movilización popular y el derecho de resistencia ante los actos infames se manifieste, y el pueblo argentino comprenda que liberarse de la miseria es recuperar la institucionalidad y apoye masivamente con movilizaciones en todas las plaza y calles de la ciudad”.
Del encuentro también participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy; la diputada nacional Hilda Aguirre; los diputados Ricardo Herrera y Juan Marino; la senadora Florencia López; Juan Pablo Schiavi, Dora Barrancos, Liliana Hendel; Pedro Peretti, Telma Luzzani, Liliana Mazure, Jonathan Baldivieso, Maria Eva Koutsovitis, Juan Martin Ramos Padilla, Nora Lafon yMartin García, entre otros.