Redacción Canal Abierto | En línea con lo que viene ocurriendo en otros países, el Senado de Brasil acaba de aprobar el cobro de impuestos a las plataformas de streaming de video on demand (VOD) que operen en ese territorio. El dinero recaudado servirá para financiar nuevas producciones audiovisuales del gigante sudamericano.
El texto del proyecto de Ley Nº 2.331/22 aprobado por los senadores, que deberá pasar aún por la Cámara de Diputados, busca establecer un marco legal para que estas compañías internacionales estimulen la producción y el consumo de contenido brasileño.
Los detalles
La norma —muy similar al proyecto que permanece sin tratarse en el Congreso argentino— autoriza el cobro de las tasas de Condecine (Contributivo para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional) a las plataformas, que serán utilizadas para financiar nuevas producciones audiovisuales nacionales.
Se trata de una tarifa anual, con una tasa máxima del 3% de los ingresos brutos de las plataformas que operan en Brasil, independientemente de donde tengan su sede fiscal. También alcanzará a las que tengan ingresos publicitarios como YouTube, TikTok y canales disponibles en Internet, llamados Free Ad-Supported Streaming Television (FAST).
El proyecto también exige una cuota obligatoria de contenidos del país en las plataformas, que deberá ser entre el 4 al 5%. Al menos un 50% de ellos deben ser de productoras independientes ubicadas a lo largo de todo el territorio brasilero, que percibirán parte de los ingresos obtenidos por esta alícuota.
Históricamente, en la Argentina se paga un porcentaje por cada reproducción de una producción nacional. La desaparición del VHS y el DVD como sistemas de consumo de cine hogareño en favor de las plataformas de streaming hizo caer este canal de ingresos sin que se lo haya reemplazado por el nuevo. En otras palabras: el crecimiento de las plataformas desfinanció al Fondo de Fomento Cinematográfico porque éstas no pagan por click, pese a que manejan cifras siderales.
También habrá una cuota de ingresos para capacitación técnica, para obras independientes producidas o dirigidas por personas que forman parte de minorías, para protección de derechos de autor, programas de promoción para proveedores nacionales de streaming y programas de inversión en producciones nacionales.
El plan es que estas cuotas se implementen de manera gradual, para llegar a su cumplimiento total en un período de ocho años.
Qué ocurre en el mundo
El proyecto brasilero no es el único que avanza para gravar a las plataformas, una industria próspera que se alza con ingresos cuantiosos en todo el mundo y en raros casos tributa.
En Francia, Italia y Suiza existe una legislación conocida como Ley Netflix para que las plataformas paguen una tasa del 4% que sea reinvertida en el desarrollo de cine y TV local. Y a reservar un 30% de su oferta a producciones europeas.
Se trata de una tarifa anual, con una tasa máxima del 3% de los ingresos brutos de las plataformas que operan en Brasil, independientemente de donde tengan su sede fiscal. También alcanzará a las que tengan ingresos publicitarios como YouTube, TikTok y canales disponibles en Internet, llamados Free Ad-Supported Streaming Television (FAST). El proyecto también exige una cuota obligatoria de contenidos del país en las plataformas, que deberá ser entre el 4 al 5%.
En la Argentina, desde la Multisectorial Audiovisual —que nuclea a la Asociación Argentina de Actores, la Asociación Argentina de Intérpretes, la Asociación Argentina de Editorxs Audiovisuales (EDA), Argentores, Satsaid y Sadaic entre otros miembros— vienen impulsando un proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, que pretende encuadrar a los nuevos servicios de comunicación audiovisual en soporte digital.
El proyecto contempla que en las plataformas haya una cuota de pantalla, visionado o discoverability (detectabilidad) de contenido nacional en las promociones. Y una cuota de contenido independiente.
Históricamente, en la Argentina se paga un porcentaje por cada reproducción de una producción nacional. Cada vez que alguien alquila un VHS o un DVD, los videoclubes tributan un porcentaje al Fondo de Fomento Cinematográfico del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), cuyo objetivo es financiar la producción nacional. Lo mismo ocurre con las entradas de cine.
El Fondo se compone del 10% de cada entrada de cine, el 10% de la venta y alquiler de videos y el 25% de la recaudación del ENACOM por tasas a radios y canales de TV. La desaparición del VHS y el DVD como sistemas de consumo de cine hogareño en favor de las plataformas de streaming hizo caer este canal de ingresos sin que se lo haya reemplazado por el nuevo. En otras palabras: el crecimiento de las plataformas desfinanció al Fondo porque éstas no pagan por click, pese a que manejan cifras siderales.
En números, los argentinos gastamos unos 556 millones de dólares en importación de servicios audiovisuales según un informe de 2022 del Observatorio Audiovisual del INCAA. Si tomamos a Netflix como ejemplo, esa plataforma se llevó un 65% de ese monto a Estados Unidos. Sólo en 2018 y en nuestro país, recaudó lo que el INCAA gastó en financiamiento en dos años y medio.
Según los números de 2019 de la Organización Mundial del Trabajo, ya entonces las plataformas generaban 160.000 puestos de trabajo en la Argentina. También calcula que cada 10 millones de dólares que se invierten en el sector de la industria audiovisual, se generan otros 19 millones en la cadena de suministro (hotelería, gastronomía, traslados, etc.). Pero la falta de regulación impide que el Estado se beneficie de esta prosperidad y la industria audiovisual nacional crezca.