Redacción Canal Abierto | En la tarde de ayer fue presentado en el Congreso de la Nación el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.
El escrito de 25 páginas presentado al presidente de la Cámara de Diputados lleva la firma del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel y lo acompañan la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros nombres.
Además del primer mandatario, en la presentación se apunta a otros funcionarios que pudieran haber cometido los delitos de instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos, apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes. También se los acusa de abandono de personas y malversación de caudales publicos.
La acusación de incumplimiento de deberes de funcionario público se sustenta en el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, desfinanciamiento de la educación. También se apuntan cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
La presentación señala que “la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo” y que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
Los patrocinantes del pedido anunciaron en un comunicado que en paralelo al pedido al Congreso, “el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional”.
El juicio político es el mecanismo constitucional para la destitución de las autoridades de los poderes del Estado, así como de integrantes de los poderes legislativo y judicial. La dinámica se desarrolla a partir de la acusación por parte de la Cámara de Diputados -ante la que se hizo la presentación- quien aprueba el inicio del proceso con el voto de dos tercios de sus integrantes.
El juicio lo lleva adelante la Cámara de Senadores, quien llega al veredicto con la misma mayoría. Los efectos del mismo se limitan a la destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos. A partir de allí, en caso de quedar establecida la comisión de delitos, es la justicia la que aborda el proceso penal.
Ilustración: Marcelo Spotti