Redacción Canal Abierto | Hoy se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. Sin embargo, esta causa no nos encuentra en el mejor de los escenarios.
Fue precisamente hoy que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a agitar una de las banderas predilectas de la demagogia punitiva: la baja de edad de imputabilidad. “Todavía se está discutiendo la edad: si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil. Estamos discutiendo cuál es la edad”, planteó en una entrevista.
“Nos parece que hay dos cosas: en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad; porque si es un asesinato, tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. 13 tiene Uruguay y 12, Brasil; estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población”, agregó, desconociendo que la incidencia de los menores de edad en la comisión de delitos graves es ínfima.
Esto se da en el marco de la presentación del nuevo Código Penal y Procesal hecho no sólo por la ministra de Seguridad, sino también por su par de Defensa, Luis Petri que deja en manos de la fiscalía la investigación y recopilación de pruebas, mientras que los jueces ya no llevarán adelante las causas, sino que pasarán a tener un rol de contralor del debido proceso y las garantías constitucionales, y decisorio sobre las medidas invasivas, como los allanamientos o detenciones.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la semana que implementarán una serie de medidas ante la seguidilla de fugas ocurridas en comisarías porteñas. Las medidas incluyen la construcción de una nueva alcaidía en la zona sur y la adquisición de tobilleras electrónicas. Pero el que seguramente sea el aspecto más novedoso es el de la utilización de containers para el alojamiento de detenidos.
Consultada por Canal Abierto, la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, contó que “la situación de las comisarías y alcaidias pertenecientes a la policía de la ciudad está completamente estallada. Hace apenas cuatro años había 100 personas detenidas en las 8 alcaidias, inicialmente habilitadas y rápidamente convertidas en 19. Después empezaron a utilizar la totalidad de las dependencias policiales para alojar personas privadas de libertad. Hoy están arriba de 2000. O sea que la superpoblación es del 800%”.
“Es una situación completamente insostenible y en lugar de revisar la política de encarcelación extrema que tienen desde el Poder Judicial tanto de Ciudad como de Nación, porque muchas de esas personas no están a disposición de la Justicia de Ciudad sino de la justicia nacional, la respuesta que da el Gobierno de la Ciudad es plantear que van a utilizar contenedores”, agregó.
La letrada afirmó que utilizar elementos diseñados para el transporte de mercaderías con función de alojamiento “es una cosa absolutamente peleada con todo lo que tiene que ver con el respeto mínimo a la dignidad de las personas y que pone de manifiesto que, frente a un problema que ellos mismos vienen creando, la respuesta que dan es más represiva todavía con empeoramiento de las condiciones de detención”.
También expuso que no es una idea original de la cartera que encabeza Waldo Wolf y recordó que “hace muchos años denunciamos que se utilizaban contenedores del mismo tipo en la provincia de Salta para las personas detenidas por narcomenudeo, en su mayoría mujeres pobres bolivianas”.
Verdú señaló que “una comisaría es un lugar de paso para alojar a una persona entre el momento de la detención y la decisión del Poder Judicial si se concede o no la excarcelación. Es decir, si la persona, en caso de seguir sometida a un proceso, lo afronta en libertad, cuando son delitos excarcelables o si es trasladada a un penal porque se le dicta la prisión preventiva. El tema es que en estos últimos años, y por algo tenemos las cárceles estalladas como están, lo que se viene viendo es un incremento del índice de encarcelamiento pasmoso”.
En tal sentido, señaló que “en el año 2001 teníamos en todo el país 34.000 personas privadas de libertad, en este momento tenemos más de 120.000, a los que hay que sumarle alrededor de 30.000 en comisarías. Y esto no es porque se haya incrementado en la misma proporción la comisión de delitos, porque precisamente en ese mismo lapso, entre 2001 y 2023, se redujeron sensiblemente los delitos más graves, como el homicidio que bajo de 4,6 casos cada 100.000 habitantes a apenas 4.2 en este momento, lo que nos coloca en una situación de privilegio a nivel internacional. Y lo mismo ocurre con otros delitos graves, como el robo agravado con armas que también disminuyó a la mitad en el mismo lapso”.
Y expuso que, en contraposición “en ese mismo periodo se multiplicaron por cuatro o cinco la cantidad de personas detenidas. Así que lo que hay es una política deliberada de hipercar normas dictadas en este último periodo, como por ejemplo la ley Petri, promovida por quien hoy es ministro de Defensa y fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich, que convirtió las opciones de excarcelación durante el proceso para los delitos de menor gravedad en un privilegio prácticamente inalcanzable para las mayorías”.