Redacción Canal Abierto | Domingo Víctor Paisman Vera es autoridad de la comunidad tehuelche San Rubén Chesar Aike, ubicada en las cercanías de Las Heras, provincia de Santa Cruz. En la alcaidía de esta localidad de la estepa patagónica se encuentra detenido acusado de robar ganado.
La comunidad sostiene que se trata de una causa armada para hostigarlo y que el trasfondo de este hecho, y de la persecución que sufre desde hace tiempo, es un conflicto por las tierras comunitarias.
“Yo venía en mi camioneta viajando, traía dos corderos para vender, para poder comprar mercadería. Un control me para en la ruta, me secuestra el vehículo y me quita lo que traía. Después la doctora Sonia Sáez, amiga del juez Quelin de Las Heras, ordena mi detención y me hacen un allanamiento. Hace un mes que estoy detenido”, cuenta Domingo.
Sáez es abogada y Jueza de Faltas de Las Heras. Aprovechó esta circunstancia para denunciar a Paisman Vera y en el allanamiento que ordenó el juez Eduardo Quelín encuentran un arma en la casa, hecho por el cual es detenido. Esta mujer y su familia sostienen un conflicto de larga data con la comunidad ya que quieren quedarse con sus tierras para hacer un negocio con una empresa minera. Según el líder comunitario, Sáez ya tiene un trato con la empresa e incluso cobró parte del acuerdo en dólares pero no cumplió con la contraparte que consistía en entregar las tierras que habita la comunidad.
“Todo el tiempo me manda la policía a mi casa en el campo, en la comunidad, a revisarme todo, a cualquier hora, sin ninguna orden, de noche, amenazando con armas largas”, cuenta Domingo en una publicación en la red social Facebook..
La abogada de Paisman, Sonia Ivanoff, señala que el hecho de que una persona de campo tenga un arma para cazar es parte de un uso cultural y que difícilmente se haga el registro de estas armas por los costos y requisitos del trámite.
A la lista de atropellos hay que sumarle las condiciones de detención. El cacique denunció que se encontraba en la alcaidía junto a otros 14 detenidos, en un lugar que no contaba con calefacción, con raciones de comida escasas y que no contaban con mantas suficientes para abrigo. Tras la intervención del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, algunas de estas cuestiones fueron subsanadas.
La prisión preventiva dictada contra Paisman por el Juez Quelín desconoce su rol como autoridad indígena, y vulnera lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional en nuestro país.
“Yo soy el único heredero que puedo justificar con las documentaciones reglamentarias como corresponde que las tierras de la comunidad fueron entregadas en 1904 al cacique Francisco Vera que viene a ser mi tatarabuelo. Tengo mucha fuerza en la herencia, mucha documentación que me respalda, pero a veces eso no es suficiente para hacer entender a las autoridades que yo soy el dueño”, concluye Domingo, desde la cárcel.