Redacción Canal Abierto | En el primer trimestre se cerraron 274.311 cuentas sueldo, entre el 2 y el 3% del total de estos productos bancarios destinados a la acreditación de salarios.
La cifra coincide con los puestos laborales formales que se perdieron producto de la crisis y recesión que atraviesa la Argentina de Milei. Alarmante de por sí, el dato no incluye la sangría al interior del gran universo de trabajadores informales.
Según informó el Banco Central, el fenómeno afecta tanto a entidades financieras privadas como públicas, evidenciando el efecto de la ola de despidos en el Estado, pero también el impacto sobre pequeñas y medianas empresas.
Para tomar noción de esta merma, la cantidad de trabajadores cuyas cuentas sueldo se cerraron por inactividad equivalen a 40 Luna Park repletos de gente, como el que buscará mostrar Milei en el show de este miércoles por la noche.
Incluso cuando el relato oficial se esfuerza por presentar estas cifras como el efecto indeseable del “último tramo del esfuerzo heroico de los argentinos”, no son otra cosa que el resultado lógico de políticas económicas recesivas implementadas desde el 10 de diciembre de 2023.
Cualquier manual de economía señala que una mega devaluación como la de diciembre pasado y los posteriores recortes y reducción de circulante monetario resultan en retracción del consumo y aumento del desempleo. Todo con único objetivo, llevar la inflación a los mismos niveles de 2023, apenas por debajo de los dos dígitos.
Las consecuencias sociales inmediatas
El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA) puso en cifras una crisis que ya era palpable en las calles: la pobreza alcanzó al 55% de la población y la indigencia al 18%, los niveles más altos desde 2002.
Es decir, más de 25 millones de argentinos y argentinas que no logran cubrir la canasta básica y al menos unos 10 millones que no satisfacen sus necesidades alimentarias.
En el segundo semestre de 2023, la pobreza llegó al 41,7% de la población (19,4 millones de personas) y la tasa de indigencia al 11,9 por ciento, es decir unas 5,5 millones de personas.
Entre tanto, el Gobierno impulsa un corte total en las ayudas a los comedores que día a día alimentan a cientos de miles de familias, y que de seguro sufrieran más demanda con esta destrucción de miles de puestos trabajo.