Redacción Canal Abierto | Hecha la ley, hecha la trampa. Este refrán parece haber sido muy bien entendido por la gerencia de Sbase, la empresa que administra el servicio de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, al seguir adelante con su plan de aumentos a pesar de la indicación hecha por la justicia de que debía presentar un esuqema tarifario con precios menores a los propuestos a comienzo de año.
Es que el plazo para que cumpliera vence el martes y, caso contrario se retrotraería a los 125 pesos de comienzo de mes, la empresa, que depende del ejecutivo porteño, entendió que podía seguir su plan. Para ello presentó una apelación a la medida dispuesta por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, que hizo lugar al requerimiento.
Así, las tarifas que podían continuar a 575 pesos hasta que venciera el plazo dispuesto, subirán a 650 pesos, tal como se había estipulado.
En comuniación con Canal Abierto, Jonatan Baldivieso, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, una de las entidades que presentó el amparo observó que “en la Ciudad de Buenos Aires, la apelación de una medida cautelar no suspende la vigencia de la medida. Así que, con independencia de que el Gobierno haya apelado lo que resolvió la jueza Liberatori el día lunes, esa apelación no impide que la medida cautelar esté vigente. En todo caso, el Estado tiene que esperar la resolución de la Cámara, si revoca o ratifica esa media cautelar”. De tal manera la apelación no tiene incidencia real en los efectos de la medida cautelar, que sigue vigente.
Baldivieso también advirtió que la decisión de Sbase “va en contra del espítiru armonizador que tuvo la Justicia” porque “lo que debería ser un plazo para que el Gobierno reflexione, está siendo un plazo para que siga con su conducta abusiva con respecto a los usuarios” y adelantó que realizaron un pedido de ampliación de la medida cautelar “donde le pedimos que al menos el subte no siga aumentando hasta ver si el Gobierno acompaña o no acompaña nu nuevo cuadro tarifario”.
También en diálogo con Canal Abierto, el dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro Claudio Dellecarbonara, otra de las entidades que participó de la presentación judicial que dio lugar a la medida, calificó a la medida adoptada por el gobierno porteño como “una provocación y una burla a los usuarios que son los principales afectados con este aumento”.
El metrodelegado denunció que “este aumento lo único que tiene como objetivo es garantizarle más ganancias a la empresa de Emoba, porque no tiene ninguna relación ni con el salario de los de los usuarios y mucho menos con el servicio. No hay inversión, no hay mantenimiento, no hay obras. Hay accidentes todos los días, trenes que no llegan a destino y escaleras mecánicas y ascensores que no funcionan, entre otras”.
“Entonces, lo único que está persiguiendo el Gobierno de la Ciudad es garantizarle un negocio y una ganancia a un grupo económico amigo. Está clarísimo que busca garantizar los negocios de la casta a la que pertenece el propio partido que está gobernando la ciudad”, agregó.
Baldivieso indicó que “estamos en la situación tan, pero tan desproporcionada de aumentos, que el saldo negativo de la tarjeta SUBE ni siquiera te alcanza para pagar un pasaje de subte. Y eso tiene que ver con que los valores del subte están totalmente desproporcionados con respecto al valor de colectivo. El gobierno no encontró otro argumento para justificar el aumento que decir que referirse al aumento del colectivo”.
“Sólo que la relación histórica era que el subterráneo costaba un 50% más que el colectivo. Hoy es 150% más caro y eso se demuestra en que saldo negativo de la tarjeta SUBE alcanza para el pasaje de colectivo, pero no alcanza para el de subte”, concluyó.