Redacción Canal Abierto | Mientras en despachos oficiales y de la city porteña se celebra la aprobación en diputados de la Ley Bases, hay otros ecos de la jornada de ayer. Se trata de los 36 detenidos que el Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y la Red Federal por los DDHH y la Democracia registró durante la represión a quienes se manifestaban en contra del proyecto libertario.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y en colaboración con el Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura y el Mapa de la Policía, relevaron que además de las detenciones hubo más de 200 personas heridas por el lanzamiento de gases químicos y disparos con postas de goma.
En el trabajo de la CPM se advierte que entre los heridos “hay trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos, incluidos integrantes de nuestros equipos que están monitoreando el despliegue de las fuerzas de seguridad”.
El accionar represivo estuvo encabezado por las fuerzas federales, al mando de la ministra Patricia Bullrich: Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura. Además hubo apoyo de la Policía de la Ciudad, pero en un número considerablemente menor, con lo cual la principal responsable política de lo ocurrido ayer es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Este importante despliegue de militarización no pudo impedir actos de vandalismo como la rotura de bancos o el incendio de un móvil de Cadena 3. Tampoco evitaron que desconocidos rompieran vidrieras en Avenida de Mayo, situación que fue denunciada y visibilizada por las propias columnas de manifestantes que buscaron aislarlos y señalarlos como infiltrados que nada tenían que ver con la movilización que estaba teniendo lugar.
En el día de hoy, la ministra pidió que la Justicia que los detenidos sean juzgados por el delito “sedición”, en línea con el comunicado emitido ayer por la Oficina del Presidente en el que se planteó que quienes manifestaron quisieron provocar un golpe de Estado. “Todos los que participaron y sean identificados serán procesados”, amenazó Bullrich.
Alguien en la Justicia escuchó el pedido del Ejecutivo y tomó cartas en el asunto. El fiscal Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para todos los detenidos, a quienes recién comienzan a tomar declaraciones. Entre las imputaciones que maneja el fiscal están delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias.
Stornelli tuvo sus quince minutos de fama en 2018, cuando fue denunciado como cómplice del falso espía y abogado Marcelo D´Alessio, quien se dedicaba a extorsionar empresarios a cambio de que el fiscal no lo imputara. Como todo camino que se bifurca y se vuelve a encontrar, cabe recordar que al inspeccionar su celular, se encontró que D´Alessio mantenía conversaciones con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien adujo que debió haber ocurrido porque le prestaba su teléfono a su nietito.