Redacción Canal Abierto | El 17 de febrero de 2025 comenzará el primer juicio de Tucumán que analizará la responsabilidad empresarial por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Se trata de la causa Ingenio La Fronterita, que abarca crímenes cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa fábrica azucarera, de las cuales 11 continúan desaparecidas
Los imputados son los exdirectivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, quien era Administrador de la empresa; Eduardo Buroti y Fernando Cornú De Olmos, exmiembros del directorio.
Los tres acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio.
Cuando la causa fue elevada a juicio en 2021 eran cuatro los imputados, pero Alfredo José Martínez Minetti falleció durante la espera.
El Ingenio La Fronterita, ubicado en el departamento de Famaillá, en el sur de la provincia, fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti. En el predio de la empresa funcionó un centro clandestino de detención ilegal que comenzó a operar durante el Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo del 1976) y que continuó activo en la última dictadura cívico militar.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia, el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro de detención y torturas, aportó la logística para que allí se instale una base militar, puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante secuestros, homicidios y desapariciones.
La investigación
Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser investigados a partir del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.
Según este relevamiento, la empresa azucarera “creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión”.
En 2016, Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa a una multinacional mexicana, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas.
En mayo de 2019, el juez Federal de Tucumán, Daniel Bejas dictó la falta de mérito en favor de los imputados, que después fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Pero dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara Federal tucumana debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos, revirtiendo la decisión de Bejas.
Con información del Diario La Nota de Tucumán