Redacción Canal Abierto | La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denunció penalmente a funcionarios y empresarios que lucran con la destrucción del monte chaqueño. El modus operandi es sencillo: políticos y funcionarios sancionan o disponen normas permisivas -ilegales y que avanzan sobre legislación nacional como la denominada Ley de Bosques (Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos)- a la medida de los productores del agronegocio y las firmas tanineras. Alerta de spoiler: muchas veces son las mismas personas de ambos lados del mostrador.
A fines de abril, con tratamiento exprés, la legislatura de Chaco votó la ley 4005 R que modifica el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), reduce su protección y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios habitados por campesinos e indígenas y hogar de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Esta norma provincial es absolutamente inconstitucional y su sanción, en la madrugada del 30 de abril, tuvo graves irregularidades.
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La nueva ley permite explotar zonas antes vedadas por la protección otorgada por el anterior OTBN y seguir ampliando los negocios ilegales en beneficio de un puñado de empresarios.
Puerta giratoria
En la investigación, la AAdeAA detectó varios casos de funcionarios-empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. En la denuncia se incluyó a:
- Hernán Halavacs: desde diciembre de 2023, ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Bosques, es -a su vez- quien más permisos de desmonte gestionó en los últimos 10 años para los clientes de la consultora Hiula. Ingeniero agrónomo de formación, tramitó entre 2014 y 2021, 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los otorgados en el período. En la mayoría de los casos estos permisos se obtuvieron de forma irregular.
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- Luciano Olivares, actual asesor del ministro Halavacs. En los gobiernos de Capitanich y Peppo (PJ), era el subsecretario de Desarrollo Forestal, a la sazón, quien le otorgaba a Halavacs los permisos de desmonte.
- Atlanto Honcheruk: Diputado provincial, empresario del transporte forestal y ex intendente de Villa Berthet. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia. Legislador electo por el Partido Justicialista, votó en disidencia con su bloque, que rechazó el nuevo OTBN, y fue impulsor de un proyecto similar para levantar las restricciones para avanzar sobre el bosque nativo.
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Los Honcheruk constituyen una familia que combina negocios y política: Germán, hijo de Atlanto, es actualmente intendente de Villa Berthet y se lo acusa de obtener tierras ilegalmente; Juan Honcheruk, hermano de Atlanto, trabaja en el Instituto de Colonización, organismo a cargo de la titularización de tierras en la provincia de Chaco.
- Miguel Ángel López: ex-Director de Bosques de la provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS.
Entre otras perlitas de su prontuario, López tiene el permiso de aprovechamiento forestal de una propiedad de Triad S.A., perteneciente a Santiago Bausili -sí, socio del ministro Caputo y presidente del Banco Central de la República Argentina-. Como funcionario, en 2013, otorgó la recategorización de parcelas de esta empresa.
La propiedad de Bausili, 2500 hectáreas de bosque bien conservado al lado de la Reserva Provincial La Pirámide, dentro del corredor biológico financiado por el Banco Mundial a través de un Fondo Global para el Medioambiente (GEF) para ser conservado, es zona no desmontable. De todas formas, López y sus socios desmontaron y extrajeron alrededor de 80 mil toneladas de madera y leña. - Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas haciendo trabajo esclavo, incluyendo niñxs. Socia de Miguel Angel López en el aprovechamiento de Tria S.A. a la cual López entregó parcelas.
- Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones. Socio de Ana Victoria. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
- Juan José Bergia. Legislador de NEPar (Nuevo Espacio de Participación), su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar, intendente de su partido. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
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Las imputaciones
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Entre los delitos específicos cometidos se especifican: defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal.
La investigación consiguió documentar la defraudación contra la administración pública. En la misma se constata que los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados.
También se registran casos de cohecho y tráfico de influencias: los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales.
Medida cautelar
Además de la denuncia penal presentada, se solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial. La reforma del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La AAdeAA estima que con el ritmo de extracción actual, el Impenetrable habrá desaparecido en dos décadas.
La presentación de la organización ambientalista destaca que por su magnitud y características, la maniobra tiene impacto en el desequilibrio ambiental de la ecorregión chaqueña y produce efectos en los ecosistemas de las provincias adyacentes (Formosa, Salta, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero), incidiendo sobre la flora, fauna, ciclo hidrológico, clima, erosión y desertificación de suelos. Entre otras consecuencias relevan: el incremento de emanaciones de gases de efecto invernadero y su consecuente incidencia en el calentamiento y cambio climático local, regional y global; el escurrimiento de los excedentes hídricos que provocan inundaciones a nivel de cuenca y tormentas de polvo cada vez más comunes y fuertes; la extinción masiva de biodiversidad.
Empresarios a los que les interesa el país
Además de los funcionarios y empresarios mencionados previamente, con incidencia directa en los hechos denunciados, hay otras firmas y empresarios beneficiados por las acciones de los imputados. Entre otros:
- la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, equivalentes a casi 5500 hectáreas, consiguió permisos de desmonte gracias a las maniobras del actual ministro Halavacs.
- Las Guindas S.A., propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), obtuvo permiso de desmonte por 1331 hectáreas en 2018, gestionado por Halavacs.
- Grupo Buratovich Hnos., una empresa agropecuaria bonaerense, también obtuvo permisos de cambio de uso de suelo, eufemismo para decir desmonte, con la gestión del hoy ministro.
- Triad S.A. y la empresaria Hupaluk, mencionados previamente contaron con los servicios y son socios de Miguel Ángel López, ex Director de Bosques.
Un capítulo aparte en la denuncia penal merecen las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados. Cómo en la época de La Forestal, el monte nativo sigue siendo destruido para obtener esta sustancia que se utiliza principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y para el encamisamiento de tubos petroleros.
Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.