Redacción Canal Abierto | Desde las denuncias por escuchas ilegales durante el macrismo -a funcionarios propios, a los familiares del ARA San Juan o al periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon- hasta el fracaso de la investigación por el atentado a la AMIA, en manos de la exSIDE, es claro que el sistema de inteligencia nacional “requiere una reforma profunda”. Sin embargo, no es por decreto ni con el retorno de viejas prácticas.
Así lo planteó la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), en respuesta a los argumentos vertidos por el Gobierno de Javier Milei y los medios oficialistas, al anunciar los decretos 614/2024 y 615/2024 que reforman la Ley de Inteligencia Nacional, disponen la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la vuelta de la SIDE, con la creación de cuatro organismos descentralizados bajo su órbita.
Detrás de la medida, como armador, está el poderoso asesor presidencial, Santiago Caputo, que nombró como titular de la nueva SIDE al técnico mecánico Sergio Neiffert. Entre las designaciones también hay comisarios retirados, como el caso de Alejandro Pablo Cecati, quien quedó a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional. Detrás del nuevo esquema también resuena el nombre del ex expía Jaime Stiuso.
Otro de los designados es Juan Bautista Yofre, responsable de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, para la Escuela de Inteligencia. Cabe recordar que el pasado 24 de marzo, el “Tata” protagonizó el video en el que el Gobierno fijó su posición respecto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, con un guión plagado de falsedades, confusiones y omisiones.
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En el comunicado, la coalición de organizaciones que integran el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) que preside Alberto Binder, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre, coinciden con la necesidad de avanzar en la modernización del sistema, “por ejemplo, en relación con las nuevas tecnologías o con un mundo que ya no responde a los problemas de una agenda uni o bipolar”.
Sin embargo, aclararon que la reforma por decreto de necesidad y urgencia del Gobierno no resuelve estos problemas: “algunos los agrava y otros los revive”, advirtieron.
“La disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para reinstalar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pretende reorganizar la estructura de inteligencia bajo viejos modelos, sin que esté claro por qué eso la dotará de más eficacia, ni por qué mejorará en la protección de los derechos”. “Además –denunciaron- haberlo hecho por decreto plantea serios problemas constitucionales”.
La reforma tampoco se mete con un viejo reclamo los organismos de Derechos Humanos, que piden terminar con una “cultura política y organizacional orientada al espionaje y las operaciones ilegales”, que caracterizó al sistema desde su creación.
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El caso AMIA y un antecedente que el Ejecutivo desestima
Uno de los aspectos más regresivos de la reforma es que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares, alertaron desde el ICCSI. Con la reforma, añadieron, el Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó.
En ese marco, la Iniciativa Ciudadana puso como ejemplo un caso emblemático: la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en el caso AMIA, por el fracaso de la investigación judicial, “determinado por haberla dejado en manos de la exSIDE”.
“Esta habilitación es acompañada, además, por la posibilidad de que la SIDE reincorpore personal retirado, como si los problemas de funcionamiento se resolvieran volviendo a lógicas pasadas”, destacaron.
La privacidad de las personas, en riesgo
Otro punto preocupante de la reforma tiene que ver con el esquema confuso de organismos que crea el decreto, lo que puede traer aparejado la superposición de tareas, por ejemplo, en los casos de las flamantes Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN). “Sus funciones y competencias son poco claras y el decreto extiende sus atribuciones en forma riesgosa para la privacidad de las personas”, alertan desde el IECSII.
Y en particular respecto a la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), señalan que el DNU la faculta para la provisión de servicios para “adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional”, “lo que significa un nuevo mecanismo para hacer interceptaciones, que no estaba habilitado en la ley”. “Todo ello de un modo solapado y sin el debate parlamentario necesario”, subrayan.
El debate debe ser en el Congreso y de cara a la sociedad
Por último, desde la Iniciativa Ciudadana ponen de relieve la importancia de los controles parlamentarios independientes, una medida que se estableció tras décadas de escándalos políticos derivados de operaciones de inteligencia y las irregularidades que resultaron en violaciones de derechos humanos.
La reforma introducida por el Gobierno de Milei, denuncian, “no promueve ninguno de ellos e incluso los debilita, por ejemplo al quitar el acuerdo del Senado para el nombramiento del titular”.
“Tampoco avanza sobre posibles órganos de control independientes como existe en otros países, que permiten contrarrestar el paradigma de secreto que caracterizó a nuestro sistema y que esta reforma profundiza”, añaden.
Ante estas carencias, las organizaciones insisten con la necesidad de que se promueva una discusión sobre el diseño y el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional, “a fin de dotarlo de sentido estratégico, democratizarlo y separarlo de la inteligencia criminal”.
“Insistimos en que este debate debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación y de cara a la sociedad. Por eso también reafirmamos el llamado urgente a la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”, subrayaron.