Redacción Canal Abierto | Al igual que el ministro de Economía y el expresidente Mauricio Macri, Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina, fue alumno del Colegio Cardenal Newman.
En 1995 se licenció en Economía en la Universidad de San Andrés y trabajó en instituciones financieras como el JP Morgan Chase entre 1996 y 2007, en Nueva York, y el Deutsche Bank, entre 2007 y 2016.
En 2016, ingresó a la función pública como subsecretario de Financiamiento bajo la órbita del ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, y a partir de 2017 y hasta el final del mandato de Macri ocupó el cargo de secretario de Finanzas. Desde entonces, acumula denuncias mediáticas y hasta causas judiciales por aprovechar sus conexiones en el Estado para facilitar negocios.
Incompatibles
En abril de 2021, la Justicia lo procesó por “encontrarlo “prima facie” autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según reza la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello. También le trabó un embargo por 10 millones de pesos.
La imputación surgió porque, si bien se desvinculó del Deutsche Bank el 31 de enero de 2016, Bausili continuó cobrando hasta septiembre de 2018 en acciones de la entidad bancaria un equivalente aproximado de 180 mil dólares. En ese lapso, entre 2016 y 2017, el banco con sede en Frankfurt fue la segunda entidad que más comisiones cobró por sus servicios, por la colocación de bonos de la deuda externa del gobierno de Juntos por el Cambio en mercados internacionales.
La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el fallo de Casanello unos meses más tarde, pero el juez siguió adelante con la investigación, sumó nuevas pruebas y en septiembre de 2023 volvió a procesar a Bausili.
Un día antes de que el gobierno de Milei confirmara su designación como próximo titular del Banco Central, la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, volvió a revocar su procesamiento y dispuso la falta de mérito.
Amigos son los amigos
En 2020, retirados de la función pública tras la derrota de Macri ante el Frente de Todos, con Caputo fundaron la consultora Anker Latinoamérica, que cerró el 30 de noviembre de 2023, cuando comenzaba el desfile de candidatos a integrar el gobierno libertariano. En esta empresa compartían cartel con Martín Vauthier, Felipe Berón y Federico Furiase, actualmente asesor del ministro de Economía.
Con esta firma, asociada a la desarrolladora BSD Grupo Asesor S.A., consiguieron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les otorgara la concesión del proyecto “Paseo Gigena”, más de 40.000 metros cuadrados de tierras públicas ubicadas frente al Hipódromo de Palermo, sobre la Avenida Dorrego, donde construyeron oficinas, locales comerciales y cocheras con alquileres en dólares. Según informaron en marzo de 2023, el emprendimiento ya había recaudado más de 45,8 millones de dólares.
Mientras, la licitación pública indica que el Gobierno de la Ciudad recibirá poco más de 200 mil pesos al mes de canon por la explotación del predio. En una nota de elDiarioAR, la periodista Emilia Delfino sostiene que estimando los alquileres de oficinas y locales comerciales, a 30 dólares el metro cuadrado, se obtiene “una facturación equivalente a más de US$ 556.000 al mes y unos US$6.680.000 al año”.
La forestal 2024
Bausili es propietario de 2500 hectáreas en Pampa del Infierno, en el impenetrable chaqueño. La firma TRIAD S.A. de la que es accionista tiene domicilio fiscal en Charata, en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de Miguel Angel López, quien fuera responsable de la Dirección de Bosques provincial y hoy es socio de la firma en la explotación del predio.
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El predio de bosque nativo bien conservado al lado de la Reserva Provincial La Pirámide, dentro del corredor biológico financiado por el Banco Mundial a través de un Fondo Global para el Medioambiente (GEF) para ser conservado, se ubica en zona No Desmontable, zona roja, por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos vigente. Con la intervención de López, a parcelas de esta propiedad se les ha cambiado la calificación a verde, autorizando el desmonte. De allí se extrajeron aproximadamente 80 mil toneladas de madera y leña.
El 15 de agosto pasado, el fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini procesó al citado López, junto a una larga lista de funcionarios-empresarios, por “incumplimineto de deberes de funcionario público”, “tráfico de influencias” y “asociación ilícita”, entre otros cargos, en el marco de la causa denominada periodísticamente “Mafia del Desmonte”, devenida de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
La firma TRIAD, junto a otras, está siendo también investigada en la causa por el fiscal que solicitó la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por la gravedad de los delitos cometidos.
El oro del Central
En las últimas horas su nombre volvió a ser mencionado junto al de su amigo Toto. Una versión que circuló indicaba un nuevo embarque de casi 1.500 lingotes de oro del Banco Central valuado en u$250 millones había partido hacia Londres. De confirmarse, se trata de la tercera partida hacia Gran Bretaña de reservas en metálico.
La entidad que dirige Bausili no ha confirmado los envíos anteriores pero sí lo hizo el ministro en un programa televisivo que, evidentemente, se pasa la independencia de la entidad bancaria por los bajos de su anatomía.
Por su parte, el diputado nacional y dirigente del gremio bancario Sergio Palazzo hizo tres pedidos de acceso a la Información Pública. Pero las autoridades del BCRA resolvieron “declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas”.
El bancario en su cuenta de X señala: “se me niega la información pero por otro lado el ciudadano y ministro de Economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos”.