Redacción Canal Abierto | En Neuquén, el conflicto docente ya acumula cinco semanas con paros semanales de 48 y 72 horas y, según afirman desde ATEN -la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia – la solución todavía parece lejana. Al incumplimiento de compromisos asumidos por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, una ley que ata mejoras salariales al presentismo terminó de colmar la paciencia del sector.
Esto se da además en el marco de un año “muy conflictivo”, que inició con un plan de lucha en el marco de la negociación salarial que recién se destrabó luego de tres semanas de medidas de fuerza. Otros temas que agitan el descontento son la voluntad del gobierno de eliminar las jornadas institucionales, y el proyecto para replicar a nivel provincial la ley para declarar a la Educación servicio esencial, que ya ingresó a la Legislatura impulsado por el oficialista Comunidad y aliados.
Marcelo Guagliardo, titular de ATEN describió así el panorama provincial: “Estamos en la quinta semana de conflicto, que empezó antes del receso invernal con paros semanales de 48 y 72 horas que nos han encontrado en las calles, movilizados, con una problemática que hoy por hoy no tiene una salida. Si bien el gobierno convocó el sábado (por el 17 de agosto) a una reunión y dio respuesta a algunos puntos, las asambleas rechazaron el acuerdo por insuficiente”.
En ese marco, el plan de lucha continúa y se espera que en las próximas horas un plenario provincial defina nuevas medidas. Mientras, “en los medios se lleva adelante una feroz campaña de demonización hacia los trabajadores y trabajadoras de la Educación”, explicó Guagliardo.
“Se nos hace responsables de la crisis educativa, cuando estamos en una de las provincias más ricas de Argentina y, sin embargo, los problemas de infraestructura, vinculados a la falta de presupuesto para el sostenimiento de nuestras escuelas y la lucha por el salario nos ponen en conflictos que no hubiésemos querido tener”, indicó.
Y Milei tensa la cuerda
La lucha neuquina no es aislada. Como explica Guagliardo, desde principios de año a partir del corte del Fondo de Incentivo Docente (FONID) -que representa el 40% del presupuesto educativo que Nación debería enviar a las provincias-, y de las medidas de ajuste que se replicaron en las distintas jurisdicciones, los conflictos fueron estallando a nivel nacional y en diferentes regiones. El más álgido quizás fue el de Misiones en mayo, que había empezado con un reclamo policial.
Recientemente, el gobierno nacional le agregó más motivos al descontento. En principio, con el proyecto de ley para declarar a la Educación como un “servicio esencial” y limitar así el derecho a huelga, a partir de la imposición de guardias mínimas. La iniciativa, que fue presentado por el PRO pero cuenta con el aval de la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
La CTERA, la confederación que reúne a los distintos gremios provinciales, entre ellos a ATEN, definió manifestarse cuando se trate en Senadores. Además, ayer se declaró en estado de alerta y anunció que va a convocar a sus secretarios generales para evaluar medidas ante el cierre por decreto de la discusión sobre el salario mínimo, en el marco de la Paritaria Nacional Docente.
Al respecto, Guagliardo explicó que el salario mínimo docente “fue una conquista que habíamos conseguido con CTERA para que a partir de allí cada provincia pueda discutir mejoras, a partir de un piso igualitario”. Sin embargo, “no es lo que está pasando ahora porque para eso tiene que haber paritarias y el Estado Nacional tiene que poner presupuesto. En cambio, se ha reducido gravemente la inversión en la educación desde Nación y la definición de ese piso es vergonzoso”, recapituló.
“Se pone un salario inicial de piso para el docente que equivale a menos del 4% del salario de un senador. Es un agravio a quienes sostienen la enseñanza en la Argentina y por eso fue rechazada por la CTERA. No amerita ningún análisis”, sentenció Guagliardo.