Redacción Canal Abierto | En medio de una interna que pareciera no tener fin, con índices económicos que incluyen un millón de niños que no cenan y una caída del 3,9 interanual de la actividad, inminentes subas en el transporte público y un destino del dólar incierto ante la baja del impuesto PAIS, figuras del Gobierno parecieran haber tomado la decisión de replegarse en el ámbito en el que se sienten más cómodos y con el que ganaron parte del favor electoral: la denominada batalla cultural, cuya intensidad pareciera ser inversamente proporcional a los logros de los que puede enorgullecerse el Gobierno.
Como en una vieja función de cine continuado, en el día de ayer dos ámbitos legislativos fueron testigos de sendos pronunciamientos de figuras prominentes de La Libertad Avanza.
Por un lado, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona asistió a la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, donde lanzó una batería de lugares comunes de la agenda reaccionaria como que “se acabó el género”, “la familia es el núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos” y que “esto está en la Constitución, La Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano”. El súmun llegó con un plagio a un discurso de Milei: “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”. Para este último caso, correrían los 100 años de perdón.
Por su parte, la Vicepresidenta Victoria Villarruel realizó un acto por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo en el Senado. Allí volvió a sacar un tópico de la agenda que la llevó a las marquesinas y con el que camufló su prédica por genocidas, como es la supuesta reivindicación de las víctimas de las organizaciones armadas en la década de los 70.
“Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, escupió Villarruel en un cónclave carente de figuras de peso del Ejecutivo. “El kirchnerismo construyó una oscuridad pestilente sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Hace más de cuatro décadas grupos terroristas lastimaron a miles de argentinos: peronistas, radicales, personas apoliticas, civiles, gente pudiente y muy humilde. Grupos terroristas los usaron de excusa para la disolución nacional y trataron de que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones”, agregó.
Si bien ambos sucesos tienen en común el repliegue sobre las agendas reaccionarias con las que La Libertad Avanza logró presentarse como un espacio disruptivo, cabría verlos desde distintos ángulos.
Primera Función: Cúneo Libarona poseído por Torquemada
La ponencia del ministro de Justicia acompaña los movimientos políticos que viene haciendo el Gobierno desde su asunción. El cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidades, el vaciamiento de la Línea 144 y el Programa Acompañar a sus mínimas expresiones son medidas concretas que van en ese sentido.
La dirección de estas medidas fue explicitada en la campaña, por lo que nadie podía darse por estafado. El problema para el Gobierno surge cuando sí puede tener lugar ese sentimiento respecto de las propuestas económicas. Nadie está cobrando en dólares, las tarifas de energía y transporte aumentaron antes que la economía personal se pudiera recuperar al punto de poder pagarlas y la denominada “casta política” no es sobre quien recae el peso del ajuste más brutal del que se tenga memoria, orgullo del propio Presidente.
Segunda función: Villarruel y los muertos vivientes
También fue parte del repertorio reaccionario de la campaña de La Libertad avanza los discursos que se bandeaban entre la negación y la apología de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar.
El triunfo de una fórmula en la que el presidente parafraseaba el alegato de Emilio Eduardo Massera y cuestionaba el número de desaparecidos y la vicepresidenta provenía del activismo por la libertad de los genocidas se presentó como la ruptura del pacto democrático surgido con la recuperación institucional de 1983 y profundizado con la anulación de las leyes de nulidad y reapertura de juicios en la primer década de este siglo.
Sin embargo, la interna desatada al interior del bloque oficialista de la Cámara de Diputados tras conocerse la visita de seis de sus integrantes al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad de la Unidad Penal de Ezeiza deja en claro que no será dar por tierra con el Nunca Más. Hasta el propio Milei salió a despegarse y aclarar que “esa nunca fue mi agenda”.
Si bien le es funcional al Gobierno en tanto saca del tapete las urgencias económicas cotidianas del pueblo, el movimiento de Villarruel pareciera apuntar a recordarle a la tropa propia que esa agenda también fue parte de la campaña con la que se ganó la presidencia y que si van a dejar esos ideales en la puerta de la Casa Rosada, ella no hará lo propio en las del Congreso de la Nación.
Sin embargo, cuando el proyector se apaga, vuelve la realidad. Y ésta indica que por más frases rimbombantes dichas en tonos solemnes, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia serán un hueso duro de roer, por no decir que su destrucción, una misión imposible.
Es cierto que la Corte Suprema aún no tiene un veredicto que siente jurisprudencia respecto de si los delitos perpetrados por las organizaciones armadas constituyen delitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben. El máximo tribunal adeuda su resolución en el caso Larraburu y Casación, sobre el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido en 1976. Por su parte, Ariel Lijo, el candidato estrella para ocupar un lugar en la Corte, resolvió en el caso Rucci, que no se trató de un delito de lesa humanidad.
Las víctimas del accionar de las organizaciones armadas perdieron su oportunidad de obtener justicia cuando la dictadura militar, en lugar de juzgar a sus victimarios, decidió secuestrarlos y asesinarlos. Por otra parte, y en pleno resurgir de la teoría de los dos demonios, parece necesario recordar que, además del Juicio a las Juntas, existió otro a los cabecillas de las organizaciones armadas.
Aún abriéndose esta instancia, no son el Ejecutivo ni el Legislativo los poderes con capacidad de reabrir causas, según indicó el CELS en un comunicado. La presentación de Villarruel parece entonces tener una motivación más política que judicial: seguir jugando su interna, ganar algo de protagonismo y esgrimir su “batalla cultural”, que difícilmente pueda servir de algo cuando las demandas por las promesas incumplidas acorralen al Gobierno.