Redacción Canal Abierto | La familia Maraz, de la comunidad Tusca Pacha de Los Alisos, en Palpalá, Jujuy, hace más de medio siglo que vive y trabaja la tierra de la que intentaron desalojarlos ilegal y violentamente esta semana.
Este es el sexto hecho sucedido este año en el que, con topadoras protegidas por un operativo policial pero sin orden judicial de desalojo, se avanza sobre familias campesinas indígenas que ocupan ancestralmente la tierra.
¿Los beneficiarios de estos operativos ilegales? Empresarios agrícolas e inmobiliarios y terratenientes latifundistas, muchas veces, como en este caso, ligados directamente al poder político.
En este caso de Palpalá se trata de Alberto González, titular de la firma Sucre y familiar directo del secretario de Justicia de la provincia, Javier Gronda. El susodicho, quien es además presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, junto a personal de su firma con dos máquinas topadoras ingresaron al campo de la comunidad y destruyeron la plantación de habas, el invernadero, la cisterna y parte de la casa dónde vive doña Lilia Maraz, una anciana de 74 años.
“Estoy viendo cómo una máquina destruye una casa que tiene 60 años de ser habitada, con sus árboles, sus sembradíos, las habas, el maíz. Ya fue todo tirado”, contó Anastasia García, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Ella junto a tres mujeres que trabajaban en el campo se interpusieron para impedir que las máquinas avanzaran. Sólo así pudieron impedir que la casa fuera totalmente demolida. El personal que intrusó el campo junto a veinte efectivos de la policía iba acompañado de una escribana contratada por el empresario. Los agentes tenían orden de resguardar al personal pero aclararon que no llevaban orden judicial de desalojo ni de detención.
“Es un desalojo que se hizo sin orden judicial y con el aval del Poder Judicial. Ante los llamados que se hicieron desde organismos de derechos humanos y otros sectores no respondieron ni el fiscal ni el Fiscal General Sergio Lello Sánchez, para para dar cuenta de esta situación”, sostiene la legisladora provincial Natalia Morales.
Esta comunidad viene sufriendo los atropellos de González hace años. En enero de 2022, un operativo bajo las órdenes del fiscal Walter Rondon detuvo a varios integrantes de la comunidad y desalojó un sector del territorio. Días atrás, también con maquinarias avanzaron sobre cultivos de la familia Maraz, destruyéndolos.
El marco en que se produce esta avanzada ilegítima es la reciente aprobación del proyecto de adhesión al título VII de la ley nacional N° 27.742, el famoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por parte de la Legislatura provincial los primeros días de agosto.
La reforma inconstitucional da sus frutos (podridos)
“El miércoles tuvimos sesión en la Legislatura, y a instancias de la UCR -el partido gobernante- y el PJ se aprobó una modificación a la ley de tierras fiscales rurales (Ley 4324). Este cambio es en consonancia con la reforma de la Constitución provincial del año 2023, que plantea que las tierras fiscales tienen prioridad de uso para quienes las trabajen y produzcan, como bien de trabajo y producción, tal como establece el artículo 94 de la constitución modificada”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la diputada Morales, del Frente de Izquierda.
“Nosotros entendemos que avanzan con la política de entrega de la propiedad de tierras o su concesión a empresarios terratenientes. Son tierras fiscales donde viven familias campesinas indígenas que incluso está modificación de la ley menciona que van a ser contempladas; la ley dice que los pueblos originarios van a tener especial consideración pero en ningún momento dice que se vayan a prohibir los desalojos”, explica la referente provincial del PTS y docente.
El bloque del FIT en la Legislatura provincial está preparando un proyecto de ley que impida los desalojos de familias campesinas indígenas que esta ley habilita. De todas formas, esta ley está colisionando con leyes nacionales como la 26.160 -de emergencia territorial de las comunidades indígenas- y convenios internacionales con rango constitucional.
Las familias de las comunidades Tusca Pacha, La Esperanza, Yala, Los Nogales, La Quiaca Vieja y Tilquiza fueron en lo que va del año, víctimas de la violencia estatal y paraestatal y la justicia por defender el territorio donde viven hace generaciones.
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