Redacción Canal Abierto | Agentes de la Policía Federal tomaron esta mañana la sede central de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Defensa 119, en la zona de la Plaza de Mayo, impidiendo el ingreso de los trabajadores docentes y no docenes, y reteniendo en una especia de virtual secuestro a otro grupo de personas de la comunidad universitaria entra las que se encuentra la recorta legítima Cristina Caamaño.
Al momento de la publicación de esta nota, no hay respuestas ni un puente de diálogo abierto con ningún representante del ministerio de Justicia, del que depende la UNMa, ni con alguna autoridad policial. Así se lo contó Mariela Canessa profesora de la casa de estudios y representante del sindicato docente, a Canal Abierto.
En un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncia: “El gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede, para cumplir su tarea”.
“La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores”, dicen.
“Convocamos a toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos a movilizarse a Defensa 119 y poner freno a este atropello”.
“Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio” responden finalmente las Madres, en relación a Eduardo Luis Maurizzio, el hombre que el gobierno intenta imponer como rector de facto.
El conflicto
A fines de julio el Gobierno dispuso la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. La persona elegida como autoridad es Eduardo Luis Maurizzio, quien se había desempeñando en la institución en su etapa de Instituto Superior de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y continuó durante el mandato de Jacobo Grossman.
Tras el desplazamiento de la anterior rectora, Cristina Caamaño, y meses sin girar ningún importe del presupuesto, la decisión se materializa a través de la Resolución 524 del Ministerio de Capital Humano, con la firma de Sandra Pettovello.
En los considerandos se plantea que en las auditorías realizadas a las últimas universidades creadas sobre finales del gobierno anterior, la UNMa se encuentra en condiciones de seguir funcionando. Lo que no queda en claro es por qué no lo hace con su conducción anterior a la intervención.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una cautelar de la universidad reclamando al Gobierno los 556 millones de pesos que le adeuda desde su asunción en diciembre pasado. La casa de altos estudios funciona hoy con cursadas virtuales. Los docentes imparten sus clases de manera ad honorem, ya que desde la asunción de Milei, ni ellos ni el personal no docente han podido cobrar.
El Poder Judicial también avaló el desplazamiento de Caamaño al frente de la institución educativa y dio validez a una asamblea anterior, de la que surgió el nombre de Grossman. El conjunto de la comunidad educativa desconoció esa instancia y realizó otra en marzo, donde fue elegida Caamaño. Cuando asumió, hacía tres meses que el Gobierno había cerrado la canilla presupuestaria, por lo que todos los cargos fueron ejercidos ad honorem.
En efecto, la UNMa realizó no una Asamblea Universitaria para consagrar su autonomía, sino dos. La primera, el 6 de diciembre de 2023, a 4 días de que asuma el gobierno de Milei, y la segunda el 5 de marzo de este año, en la que resultó elegida en forma unánime Cristina Caamaño rectora de la Universidad, tal como reclamaban las Madres, siguiendo un mandato que había expresado Hebe antes de su fallecimiento.
La figura de “rector organizador” que el gobierno intenta imponer, no corresponde en la UNMa, que se encuentra plenamente organizada, con sus representantes por los claustros docentes, no docentes, alumnos y estudiantes ya elegidos y ejerciendo el cogobierno de la Universidad. Porque la Universidad de las Madres no se creó en septiembre del año pasado, cuando se promulgó la ley que la rige, sino el 6 de abril de 2000, cuando las Madres crearon su Universidad Popular, que en noviembre de 2014 se convirtió en Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, hasta 2023, cuando se transformó en su forma actual: la UNMa.
La Universidad de las Madres debió atravesar un conflicto político interno que comenzó el 6 de diciembre y se extendió hasta marzo de este año.
La disputa derivó de la elección realizada en aquella primera asamblea de diciembre. Las Madres denunciaron que quienes se habían impuesto, María Elena Patzer y Jacobo Grossman, iban a traicionar a las Madres, frustrar el proyecto educativo y entregarle la Universidad a Milei: hoy queda comprobado que tenían razón. El “organizador” nombrado por el decreto de intervención del gobierno es, precisamente, el entonces secretario Administrativo de esa gestión, Luis Eduardo Maurizzio.
La denuncia pública de las Madres, en su marcha del jueves 7 de diciembre de 2023, movilizó a la comunidad de la Universidad, que comprendió la maniobra, hizo cambiar el voto de los asambleístas y motivó la convocatoria de una nueva asamblea soberana, que se realizó el 5 de marzo, en la que Cristina Caamaño resultó elegida por unanimidad.
Desde entonces, la Universidad atraviesa las dificultades propias de ejercer su objetivo pedagógico sin ningún tipo de recursos: el gobierno se niega a girar los fondos que le corresponden para su normal funcionamiento desde el 1 de enero, por lo que su plantel docente y el cuerpo de trabajadores no docentes no perciben su salario desde entonces.
Para revertir esta situación, la Universidad, a la vez que movilizó a su comunidad repetidas veces, recurrió a la Justicia. El lunes 15 de julio, el juez de Feria decidió habilitarla ante la urgencia de la situación y la gravedad institucional que supone todo esto, para resolver sobre un recurso en el que se reclaman los fondos.
En un texto que publicó Canal Abierto, Demetrio Iramain, docente de Historia de las Madres de Plaza de Mayo en la UNMa, militante de la Asociación y hombre cercano a Hebe de Bonafini durante las últimas décadas, explicó: “¿Qué hizo el gobierno ante la inminencia de un fallo que podría serle adverso? Recusó al juez. No le daba ninguna garantía. El viernes 19 el juez al que le dieron la causa por pedido del Gobierno, rechazó la pretensión de la Universidad de las Madres. ¿Cómo se llama el juez? Pablo Cayssials, otro de los que viajó a Lago Escondido”.
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