Redacción Canal Abierto | En el transcurso de una semana, la Comisión Provincial por la Memoria presentó dos denuncias penales por las represiones ordenadas por el Gobierno contra los jubilados que manifestaron el 28 de agosto y el 4 de septiembre frente al Congreso de la Nación para exigir a los legisladores que anulen el veto presidencial contra la reforma que ellos mismos votaron el 5 de junio pasado.
En ellas, se solicita que se establezcan qué autoridad dio la orden para el despliegue represivo de la policía, la nómina del personal policial que participó del brutal operativo y la información precisa relativa a las compras de lanzadores de gas agresivo, entre otras medidas de prueba.
En su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM realizó tareas de monitoreo durante ambas jornadas y describió que tanto el miércoles 28 de agosto y el 4 de septiembre, se produjo un violento y desproporcionado despliegue policial frente al Congreso.
En el texto de la denuncia por los sucesos del 28 de agosto, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 10 de Comodoro Py a cargo de Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, el organismo señaló que “las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Constitución nacional y en las declaraciones, convenciones, tratados y pactos internacionales”.
Las denuncias penales presentadas por la CPM por ambos casos surgen de lo relevado durante las jornadas de monitoreo de la represión de la protesta social que, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, viene realizando desde la implementación del protocolo antipiquete.
A partir de este trabajo, la CPM estableció que más de 30 personas resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad durante estas represiones; entre las víctimas se contaban jubilados y jubiladas, entre ellas una mujer de 61 años con un corte en el pecho por un golpe con una tonfa, una joven de 16 años derivada a un centro de salud por un cuadro de convulsiones, trabajadores de prensa que cubrían lo que ocurría frente al Congreso y, durante la más reciente represión, un integrante del Mecanismo local de la prevención de la tortura de CABA que junto a la CPM y el Comité nacional para la prevención de la tortura realizaba su tarea de control y monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad.
En la represión del miércoles 28, CPM cuenta que el equipo de monitoreo llegó a la zona del Congreso poco antes del inicio de la manifestación y comenzó a registrar cantidad de efectivos, patrulleros, camionetas de traslado de personal de seguridad, armas. Sobre este último punto, se identificaron y fotografiaron agentes de la policía federal que portaban sus armas reglamentarias, en contravención con lo establecido por los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el marco de hechos de protesta social.
En la denuncia, la CPM establece las 16 horas como el momento en el que se desata la represión. “El oficial identificado como subcomisario D.A López comienza a propinar golpes con su tonfa y agrede a un grupo de jubilados que se encontraban en la movilización. Producto de esta situación uno de ellos presentó lesiones en la cabeza y fue asistido por integrantes de una posta de salud”, señala el informe en el que se adjuntaron imágenes sobre las lesiones.
Y agrega que “sobre la avenida casi al borde de la vereda del Congreso, observamos que una efectivo, comienza a agredir a los manifestantes con su escudo, propinando golpes de puño y patadas a todos los que se le acercaban. En ese contexto algunos efectivos empiezan a arrojar spray irritante, provocando varios heridos, entre ellos algunos periodistas que se encontraban realizando su trabajo de registro”, describe.
Respecto de la denuncia sobre los sucesos del miércoles 4, que también entienden Ercolni y Rívolo, la CPM señaló que detectó “desde temprano la presencia de unos 800 efectivos de las distintas fuerzas federales desplegados en las inmediaciones del Congreso; una vez más, y frente a una manifestación que se desarrollaba de manera pacífica, el despliegue de las fuerzas de seguridad sólo busco impedir la movilización”.
El organismo da cuenta del despliegue de una columna de Gendarmería Nacional de manera intimidatoria a la que se sumaron efectivos de la Policía Federal, que impidió el paso de la marcha. Fue entonces que efectivos de Gendarmería comenzaron a agredir con tonfas y gases químicos lanzados de forma irracional, innecesaria y desproporcionada, ocasionando los primeros heridos.
A estas fuerzas se sumó la Prefectura Naval Argentina, que cortó la circulación en las avenidas Callao y Rivadavia, provocando la agresión con gases a jubilados y periodistas que se encontraban sobre esa esquina para finalizar la marcha. Este accionar ocasionó heridos con problemas respiratorios graves que fueron atendidos por personal del Cuerpo de evacuación y primeros auxilios (CEPA). En ese contexto también resultó herido un integrante del Mecanismo local de CABA.
La represión continuó finalizada la manifestación, cuando ésta se desconcentraba. Sobre este momento, la CPM consigna que “un grupo de personas de Gendarmería se posicionó sobre la Av. Callao cortando la arteria, comenzando a marchar sobre las personas que pacíficamente estaban circulando, y sobre los periodistas que estaban registrando la jornada, pasando por sobre la integridad personal de varias personas, agrediendo primero con los escudos y tonfas en las piernas, y luego arrojando sin motivo, ni finalidad alguna gases químicos inhabilitantes, de forma indiscriminada y carente de fundamento en dispersión alguna, sino con el único motivo de ocasionar lesiones”.
En este momento, la Policía Federal detuvo de manera arbitraria a Francisco Bellomo de 62 años y a Roberto Vidal, ambos por atentado y resistencia a la autoridad. Durante la detención de Vidal, agentes de la Policía Federal golpearon y patearon a personas que reclamaban por la detención.
Durante los distintos momentos de la represión ocurrida el último miércoles, sólo los integrantes del CEPA que participa junto a la CPM en las actividades de monitoreo debieron asistir en el lugar a al menos 26 personas.
Foto principal: Santiago Oroz (IG: @santi.oroz)