Redacción Canal Abierto | El Gobierno consiguió avalar el veto de Milei a la ley de movilidad que buscaba otorgar cerca de 16 mil a quienes perciben el haber mínimo, cuyo valor hoy es de 304 mil pesos (según la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Jubilados ronda los 800 mil pesos).
Así -pese a los 153 votos afirmativos y gracias a unos 87 negativos- el oficialismo logra una victoria tras semanas con varios reveses legislativos, entre otros la aprobación del proyecto en cuestión.
Sin embargo, el dato curioso de la jornada de ayer –que incluyó una dura represión en las afueras del Congreso- fue la marcha atrás de los ocho Diputados de la UCR que dos semanas atrás habían votado a favor del proyecto presentado por su mismo espacio.
Otras modificaciones llamativas se dieron en las filas del PRO, que modificó sus ausentes por negativos (salvo en un caos, que no acompañó el veto); y las ocho abstenciones de Innovación Federal, que venían de respaldar el aumento jubilatorio. También modificó su postura la ex oficialista Lourdes Arrieta, que pasó de rechazar la fórmula a la abstención.
Los nombres del “panquequeo” radical son Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, José Federico Tournier (ocupó la banca de Alfredo Vallejos, hoy secretario de Seguridad de Corrientes) y Nancy Mariana Ballejos (aunque del Pro, es la reemplazante de Pedro Galimberti).
Son los mismos que días atrás se reunieron con la Secretaria de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Defensa Luis Petri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
La foto del encuentro levantó todo tipo de rumores, especulaciones y denuncias sobre las razones e intereses detrás del repentino cambio de postura. Desde quienes lo interpretaron como temor a confrontar con un Milei que aún continuaría fuerte en las encuestas, a los que directamente hablan de prebendas a cambio de un voto.
Entre tante, las redes se hicieron un festín con la escandalosa ida y vuelta.
Por lo pronto, en las últimas horas Facundo Manes y otros diez diputados radicales publicaron una carta en la que le exigieron al presidente del bloque Rodrigo De Loredo que “reordene” la bancada de la UCR. Incluso trascendió la posibilidad de expulsar a los “traidores”, lo que parece poco probable.
La Convención Nacional del partido centenario adelantó que sancionará a los diputados que no hicieron caso al pedido orgánico de defender el proyecto original de la reforma previsional.
No es la primera vez –probablemente, tampoco la última, al menos hasta las elecciones de 2025- que La Libertad Avanza encuentra voluntades lábiles entre los bloques legislativos opositores.
La ajustada aprobación de la Ley de Bases también forzó al gobierno de Milei, vía su máximo operador y Jefe de Gabinete Guillermo Francos, a transar con la “casta” política. En aquel momento, hubo un “toma y daca” a cielo abierto, transmitido casi en tiempo real.
Al día siguiente de aquella aprobación el Ejecutivo publicó el Decreto 523/2024 que dejó en manos de la provincia de Entre Ríos la designación de los tres integrantes de la delegación argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el directorio de la empresa binacional que gestiona la represa. De esta forma pagó el voto del senador Eduardo Kueider, quien había ingresado al Senado en 2019 por la lista del Frente de Todos.
Otro que sorpresivamente votó con el Gobierno fue el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, ex secretario de Deportes de Cristina Fernández de Kirchner y dos veces senador de su provincia por el Frente de Todos. Se especulaba que la moneda de cambio fue el traspaso del control de la represa binacional de Yacyretá de la órbita nacional a la provincial.
De todas formas, el más obsceno de todos fue el caso de la senadora neuquina por la UCR, Lucila Crexell. “Es verdad. Hubo una oferta y hubo una aceptación”, declaró a los medios, confirmando el ofrecimiento del Gobierno de este puesto por el que cobraría alrededor entre 12 y 15 mil dólares mensuales, con vivienda y todos los gastos pagos en París.
Por este hecho, el abogado Federico Paruolo realizó una denuncia por cohecho y solicitó que se excluyera a la senadora de la votación. Este delito prevé penas de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua. Tras el sorteo la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 6 que es subrogado por Ariel Lijo, aquel que el Ejecutivo postuló para la Suprema Corte de Justicia.