Redacción Canal Abierto | Con la presencia de importantes referentes del área y un salón repleto, desde la mañana comenzó el Encuentro Plenario por una Agenda en Defensa del Estado Social Democrático y los Derechos Humanos.
La iniciativa, que recibió más de 200 inscriptos, fue organizada por la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, compuesta por más de 90 organismos, personalidades destacadas, organizaciones sociales y sindicatos.
“Consideramos que esta etapa que atravesamos nos obliga a revisar el paradigma democrático y su relación con los Derechos Humanos, desde una perspectiva federal que atienda no sólo a la diversidad regional, provincial y local, sino fundamentalmente a las asimetrías y desigualdades, en materia de derechos sociales, políticos, económicos, culturales, y ambientales de nuestro país; así como las tensiones y contradicciones existentes. Se trata de defender los principios ético-políticos de una democracia sustantiva, a la luz de las dificultades, obstáculos conceptuales y prácticos que la historia reciente ha puesto en evidencia”, afirmaron desde la organización.
La crueldad legitimada
El plenario arrancó a las 9.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con una charla a cargo de la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, y el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.
“La parte más visible de la actividad de la Red ha sido, en el marco de las sucesivas represiones, haber logrado una dinámica permanente de conformación de las guardias telefónicas para tener la data al instante de la situación de las personas detenidas y así poder garantizar su asistencia y representación hasta el cierre de las causas”, explicó Verdú.
También destacó la elaboración de informes y los requerimientos a distintos organismos internacionales, como la ONU, para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Javier Milei.
En tanto, Godoy destacó la particularidad del momento político, signado por la crueldad: “El acto de gasear a una nena, que en otro momento hubiera representado la inmediata renuncia de la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich), la reivindica para legitimar la brutalidad con la que gobiernan”.
Una jornada necesaria
También participaron del panel de debate la abogada y docente universitaria especializada en Derechos Humanos Matilde Bruera –quien destacó la importancia de “estudiar el momento jurídico” y de “las acciones colectivas en la calle”–, y la presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Claudia Rocca, quien aseguró: “Nos dimos cuenta el 12 de junio que la ruptura de un modelo civilizatorio se había profundizado. Esta semana se mostró este modelo fascista. Es un fascismo con un claro rasgo colonial, con el mismo sometimiento y despojo de la colonia. Por eso es necesario hacer un nuevo mapeo del daño que estamos viviendo. El sistema democrático representativo ha mostrado su fecha de caducidad”.
Entre los detenidos de la represión del 12 de junio estuvo el referente del Frente Piquetero, Eduardo Belliboni, también presente en la apertura del Encuentro. “Somos 16 procesados, en un proceso plagado de irregularidades, es una persecución –afirmó–. Hay más de 120 allanamientos. Parece que estuviéramos ante el delito más grave del mundo: poner comedores para luchar contra el hambre”.
La jornada tendrá la modalidad de conversatorio y de trabajo en comisiones, en las que se debatirán las temáticas en conflicto para establecer desafíos y las líneas de acción posibles.
El cierre incluirá un informe de las conclusiones y una charla a cargo de Taty Ameida y Elia Espen, integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; y la destacada abogada referente del feminismo y los derechos humanos, Nelly Minyersky.
La organización fue posible gracias a la articulación de Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial; María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA; y Diego Bráncoli, a cargo de la gestión institucional de la Facultad Sociales de la UBA.