Redacción Canal Abierto | La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT solicitaron la intervención del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
Es por la creación del “Comando Unificado de Seguridad Productiva”, integrado por el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad. Una iniciativa de la Ministra Patricia Bullrich.
El texto presentado ante la OIT denuncia que “el Gobierno argentino, mediante la Resolución 893/2024, ha profundizado las medidas represivas contra las manifestaciones sindicales y sociales, ampliando las facultades de las fuerzas de seguridad para intervenir en las protestas sin orden judicial”.
Dicha resolución establece que son hechos “ilícitos” la protesta social en zonas productivas, “dejando entrever una asociación directa entre protestas y delito. Esto resulta de gravedad dado que no distingue entre acciones violentas y manifestaciones pacíficas, lo cual deriva en una criminalización generalizada de las protestas, independientemente de su naturaleza, tratándolas como si fueran delitos en lugar de expresiones legitimas de descontento social”, denuncian las centrales obreras argentinas.
Asimismo “pone un énfasis considerable en la protección de la producción económica, destacando que ciertos sectores requieren seguridad especial por su impacto en el crecimiento del país. Sin embargo, este enfoque prioriza los intereses económicos sobre derechos fundamentales, como el derecho a la huelga y la libre manifestación”, agrega el texto que firman Ardolfo Aguirre (CTA-A), Roberto Baradel (CTA-T) y Gerardo Martínez (CGT).