Redacción Canal Abierto | En una concurrida asamblea, este martes los trabajadores del Hospital Garrahan resolvieron convocar a un paro para el próximo 22 de octubre. Ese día planean movilizar, junto a profesionales de otras instituciones médicas, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.
Al igual que con las universidades, el Gobierno nacional insiste en negar que su objetivo sea la destrucción de la salud pública. Pero, al igual que con el primer sector, hace poco por desactivar dichas sospechas.
Entre otras cosas, porque congela los salarios de médicos y otros trabajadores de la salud al punto de ubicarlos por debajo de la línea de pobreza (según INDEC, el umbral son los 900 mil pesos). La consecuencia inmediata de esta política es la migración de profesionales hacia el sector privado o, más grave aún, al exterior del país.
Todo esto en un contexto de aumento de la demanda: “la recesión hizo que muchas familias no puedan pagar obras sociales o prepagas, y el resultado es que se termina generando un embudo en nuestras guardias”.
Hace menos de dos semanas, el ministro de Salud, Mario Lugones, echó al Consejo de Administración del Garrahan por otorgar un bono de 500 mil pesos al personal de la institución pediátrica. La administración libertaria justificó este nuevo ataque bajo el argumento de que “no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado nacional”, aún cuando el dinero en cuestión estaba previsto e iba a salir de recursos genuinos que le el mismo hospital genera con las derivaciones de obras sociales y otras instituciones privadas.
A este lineamiento de ahogamiento presupuestario y “paritaria cero” que sufren desde noviembre de 2023, se sumó ahora una nueva amenaza del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acaba de asegurar que la gestión de los hospitales públicos “debería estar en manos de las provincias”.