Redacción Canal Abierto | El pasado lunes 14 de octubre, 21 docentes interinos -la mayoría de ellos con más de 10 años de antigüedad– fueron notificados de que habían sido desvinculados del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Con un primer detalle de gravedad: se trata de cesantías retroactivas al 30 de septiembre de 2024, cuando las designaciones docentes estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según detalla un comunicado de prensa de la Junta Interna ATE Caja de Retiros-IUPFA, la resolución en cuestión lleva la firma del Jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle. El mismo que semanas atrás fue denunciado en el prime time televisivo por difundir un video falso sobre la represión con gas pimienta a una nena de 10 años en la marcha del 11 de septiembre contra el veto al aumento jubilatorio.
El argumento esgrimido -precisaron desde el gremio- fue el cambio de paradigma en la formación de las fuerzas de seguridad, que paulatinamente llevaría al cierre de la Licenciatura y del Ciclo de Complementación curricular en Seguridad Ciudadana, donde dictaban clases la mayoría de los docentes despedidos.
Sin embargo, desde ATE advierten que eso era solo una excusa: “Hasta el día lunes no se tenía en claro el alcance de la medida. Hoy sabemos que la enorme mayoría de los/as afectados/as estuvieron comprometidos desde distintos lugares institucionales en la consolidación de un modelo de seguridad democrático y/o tienen militancia activa en organismos de DDHH”. “Es decir –destacan- no hay dudas de que estos despidos son una forma de persecución ideológica que busca tener efectos disciplinantes sobre el conjunto del plantel docente del Instituto”.
Un pedido directo de las autoridades
El caso de Victoria Darraidou, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es paradigmático. Y es que además de despedirla de forma arbitraria, incumpliendo con una contratación que regía hasta diciembre, Darraidou cursa un embarazo y le negaron la licencia por Maternidad. Es decir, a la violación de los derechos laborales y la discriminación por razones políticas se añade la violencia de género.
Con más de 10 años de antigüedad en el Instituto, en diálogo con Canal Abierto, coincide en que el argumento del cambio de enfoque es claramente una excusa, “que se desenmascara rápidamente cuando vemos que este grupo de docentes, lo que tenemos en común, es que varios han ocupado cargos institucionales de gestión promoviendo políticas de seguridad democrática, o tienen una activa participación en organismos de derechos humanos. Y, concretamente, en el CELS”.
Esto queda en evidencia por otras tres cuestiones. Primero, porque si bien desde la dirección de la carrera adujeron que los docentes echados no están especializados en Investigación Criminal, “eso no está probado”, sostiene Darraidou. “Muchos de nuestros currículos muestran que efectivamente tenemos conocimientos en esa arena”, precisa.
En segundo lugar, “porque entre los 21 cesanteados hay docentes que tenían materias de la carrera de Seguridad Ciudadana, pero otros que teníamos materias en carreras como Abogacía que no sufrieron ninguna modificación y, sin embargo, también nos quitaron las horas de esas carreras”.
A esto se suma un tercer elemento: previo a ser notificados por correo electrónico, el director de la carrera les adelantó informalmente a varios de los docentes sobre los despidos. Al pedirle una explicación, el directivo les habría reconocido que la medida respondía a un pedido de las autoridades de la fuerza.
Todo esto –denuncia la también directora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS- da cuenta “del nivel de desprolijidad y destrato para con el profesores echados”. Pero también, “con los estudiantes, que a mitad de cuatrimestre no les indican cómo siguen sus materias ni cómo siguen sus tesinas”, un requisito indispensable para recibirse. Por eso, para la docente, “el desamparo es total”.
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