Redacción Canal Abierto | El paradigma colonial goza de buena salud. La conquista del desierto del siglo XIX continúa y se profundiza a pesar de que hace ya 30 años, tras la Constituyente de 1994, la Constitución Nacional inscribe los derechos de los pueblos indígenas.
La Convención de Santa Fe incorporó el artículo 75 inciso 17 que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y establece derechos específicos como la identidad cultural, la educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de las comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten.
A su vez, los constituyentes derogaron la antigua disposición del artículo 67, inciso 15 de la Constitución de 1853 que le ordenaba al Congreso Nacional “proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Por otro lado, en el inciso 22 del artículo 75, se establece que los instrumentos internacionales de derechos humanos gozan de jerarquía constitucional -la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De la misma jerarquía gozan el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 2007; y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 2016.
Para finalizar esta enumeración de instrumentos que consagran derechos a los pueblos indígenas, en 2006, el Congreso aprobó la ley N° 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, impidiendo la ejecución de sentencias y los desalojos y estableciendo la realización de un relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas. La falta y demora en el cumplimiento del mismo obligó a los pueblos a luchar por las sucesivas prórrogas de una ley, que a la brevedad caducará nuevamente y, en el actual escenario político, dejará en peligro a cientos de comunidades.
El futuro ya pasó
En 2021, el presidente Alberto Fernández prorrogó nuevamente por decreto la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025.
Con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza y sus socios, la precaria situación de las comunidades y la amenaza de los desalojos se hace realidad cada día. Recientemente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), conducido por Claudio Avruj, dispuso por resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), organismo encargado de determinar los criterios para la inscripción y trámites de los pedidos de personería jurídica.
Este hecho deja en la incertidumbre y sin herramientas jurídico administrativas a todas las comunidades que estaban tramitando sus personerías o tenían trámites e inscripción en el RENACI.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional manifestó la intención de derogar por decreto la Ley 26.160, la cual pone freno a los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios indígenas. Su posible inexistencia pone en situación de riesgo y desprotección jurídica a las comunidades, sus familias y territorios, además de dejar inconclusos los relevamientos ya que no han sido realizados en su completitud y sólo fueron ejecutados en su aspecto técnico.
“Vaciamiento institucional de derechos de los pueblos y naciones indígenas en Argentina”
La frase previa, es el título de una presentación de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos encabezadas por el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales), Amnistía Internacional, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la APDH, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), el CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) y La Gremial de Abogados y Abogadas, entre otros.
Las organizaciones, que realizaron una conferencia de prensa en la sede del Serpaj, expresan su preocupación y condena ante la sistemática violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas por parte del Estado argentino. “Violentamientos que, en estos últimos tiempos, se han recrudecido y fomentado desde diversos sectores del arco político, judicial, mediático y económico”, denuncian en un documento conjunto.
También señalan el desconocimiento de todo el plexo legal, constitucional y convencional de derechos que señalamos previamente, los organismos destacan que “lamentablemente el Gobierno actual continuó y profundizó los discursos estigmatizantes, discriminatorios y racistas contra los pueblos originarios, propiciando un clima de inseguridad jurídica y vulnerabilidad al poner en duda la legitimidad de los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes”.
También subrayan el rol del poder judicial, “que acusa, enjuicia y condena a los y las integrantes de las comunidades indígenas de ser ‘usurpadores’ de sus propios territorios y los desconoce como sujetos de derechos, demostrando en las audiencias y en sus resoluciones un aberrante grado de colonialismo estructural”; y el papel del Congreso Nacional que adeuda hace décadas la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que brinde seguridad jurídica a las comunidades y certeza sobre sus derechos territoriales.
Por último resaltan los peligros que generan la Ley de Bases y el RIGI, que vulneran y afectan no sólo a los pueblos indígenas sino a la sociedad toda, poniendo en peligro la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
El escenario
Para darle marco a estas denuncias, enumeramos algunos de los últimos hechos que ejemplifican lo que están viviendo los pueblos y comunidades indígenas:
- Chubut: El juez federal de Esquel, Guido Otranto, cedió a la demanda de la Administración de Parques Nacionales y del Gobernador Ignacio Torres y ordenó desalojar a la Lof Paillako. El magistrado conminó a la comunidad a retirarse “pacíficamente” caso contrario se procederá al desalojo.
- Neuquén: El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén (STJ) se negó a incorporar la “Carpeta Técnica de Relevamiento Territorial” de la comunidad Paicil Antriao en clara violación a la ley nacional 26160. Este relevamiento fue hecho por la lof, en convenio entre la Provincia de Neuquén y el INAI. Su desconocimiento deja a la comunidad frente a un inminente desalojo.
- Jujuy: El 15 de octubre, la Comunidad Guerrero del Pueblo Kolla fue desalojada violentamente de su territorio ubicado a 50 kilómetros de San Salvador el 15/10. La policía avasalló a la familia incluyendo niños, niñas y una abuela de 100 años.
- Río Negro: El juicio por usurpación contra la lof Quemquemtrew por la recuperación territorial en Cuesta del Ternero, donde fue asesinado el joven Elías Garay Yem, está en su etapa final y se descuenta una condena contra los y las comuneras.
- En Ingeniero Jacobacci, el gobierno provincial intenta aprobar el avance del proyecto minero de oro y plata Calcatreu. El emprendimiento proyecta utilizar mercurio y cianuro en el proceso. En el área del yacimiento hay tres comunidades mapuches.
Foto: Alerta Campesina – Tropas de infantería de la Policía de Jujuy se aprestan a desalojar a una familia de la Comunidad Guerrero de Jujuy.