Redacción Canal Abierto | Este mediodía, el Gobierno salió de forma coordinada a denunciar que un local cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo funcionaba como supuesto boliche clandestino.
Sin embargo, la asociación y su institución educativa explicaron en un comunicado que “el inmueble al que ambos funcionarios hicieron referencia en el día de hoy no fue traspasado a nuestra Universidad, conforme surge del Acta de Traspaso de fecha 15 de noviembre de 2023”.
“El inmueble mencionado nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde el año 2019”, agregaron.
Según señalaron la rectora Cristina Caamaño y el docente Demetrio Iramain en la tradicional marcha de esta tarde en la Plaza de Mayo, la institución sólo funcionó allí durante la intervención del macrismo, cuando Las Madres se retiraron del entonces Instituto Universitario. Y nunca fue utilizado por la UNMa bajo la conducción de las mujeres del pañuelo blanco.
Casualmente, o no, la fake news del Gobierno de Javier Milei se da apenas dos días después de que la Justicia suspendiera la intervención de la UNMa y reconociera a los Órganos universitarios constituidos, dejando sin efecto la intención del Poder Ejecutivo de controlar la institución con funcionarios propios desconociendo el funcionamiento autónomo que tienen garantizado por ley todas las universidades nacionales.
Por su parte, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, aclaró la situación en sus redes:
El edificio al cual hace referencia el ministro Libarona no pertenece a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
Este inmueble es propiedad del Estado Nacional, el cual a través de la AABE cedió el uso de sus tres pisos para diferentes fines: la Universidad de las Madres dictó clases y cursos en un sector del segundo piso hasta el año 2021.
A partir de ese año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inauguró en esa parte del edificio que quedó desocupada el primer Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, parte de lo que luego se convertiría en una red nacional de Centros con apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los cuales funcionaron a lo largo y ancho del país.
Desde su apertura, el Centro de Integración de CABA, brindó atención, asesoramiento, acceso a trámites de regulación migratoria, capacitación y asistencia social a más de 31.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Cabe destacar que las imágenes difundidas en los medios de comunicación por el actual gobierno corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial.
No sorprende que hoy el ministro oculte deliberadamente una política integral de gestión pública de Derechos Humanos para las poblaciones más necesitadas, toda vez que el pasado viernes 15 de noviembre decidió el cierre del Centro de Integración que funcionaba en el edificio del Estado Nacional que hoy denuncia públicamente.
La operación
En su habitual conferencia, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Policía Federal (PFA) allanó el domicilio que había sido entregado por el Estado. “El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos”, detalló
“Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos. Este es el motivo por el cual el ministerio presentó la denuncia penal correspondiente”, dijo el polémico portavoz.
“No se conformaban con el bolichito”, continuó Adorni, y sumó una previsible acusación: “En el tercer piso, que era en donde se hacían fiestas, además vivía una familia. En los dos primeros pisos de un inmueble que está en Rivadavia al 2700 funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social, vinculado a uno de los famosos expiqueteros -porque ya no cortan más la calle-, en donde se encontraron banners con las frases ‘Vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidenta condenada, Cristina Kirchner”.
Minutos antes, el Ministerio de Justicia -comandado por Mariano Cúneo Libarona– sacó un comunicado en el que ratificaron el hallazgo del boliche clandestino y “búnker político”, e informaron que será recuperado y posteriormente vendido. “Este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro”, expresó el titular de la cartera.
Respondieron Las Madres: “Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar sus salarios. Instamos al Poder Ejecutivo a cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden, conforme lo dispuso la Justicia en la semana en curso”.
Contragolpe
Este martes, la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín dispuso otorgar una medida cautelar por seis meses para el normal desarrollo de las clases en la UNMa.
El juzgado ordenó enviar fondos a la UNMa, reconocer su Consejo Superior y demás órganos universitarios “y cesar toda hostilidad policial”, informó la Asociación.
La medida había sido solicitada por las Madres de Plaza de Mayo y un conjunto de trabajadores no docentes, docentes y estudiantes de la sede Marcos Paz.
“La resolución judicial implica el pleno reconocimiento a la autonomía universitaria alcanzada por nuestra Universidad, que desde el mes de marzo resolvió que la rectora sea Cristina Caamaño y no el interventor que meses después designó el gobierno de Milei”, explicó la organización.
“Ahora sí, exigimos su inmediato cumplimiento y el cese de la intromisión del gobierno nacional” reclamaron las Madres, y concluyeron:
“Plena autonomía como garantiza la Ley de Educación Superior, respeto a la institucionalidad construida, y debido financiamiento son banderas irrenunciables que las Madres levantaremos más alto que nunca el próximo 6 de abril, cuando nuestro proyecto educativo cumpla sus primeros 25 años de lucha”.