Redacción Canal Abierto | ¿Te imaginás que una mujer mapuche estuviera al frente de la Secretaría de Culto de la Nación? ¿O un afroargentino fuera embajador en Israel? ¿Se imaginan a Nelly Minyersky -histórica referente de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito- como representante ante la “Santa Sede”?
Las tres opciones son inverosímiles y, a pesar de este presente distópico, irrealizables. Lo que sí es real, es que al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se encuentra Claudio Avruj, un porteño, del barrio de Villa Crespo, de origen judío.
El funcionario que preside esta institución, hoy bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros que encabeza Guillermo Francos, ha hecho carrera en las filas de la familia PRO-Cambiemos: fue secretario de Derechos Humanos (2015-2019) de la presidencia de Macri; ocupó la misma cartera en la Ciudad entre 2011 y 2015; y entre 2007 y 2011 acompañó al ex presidente de Boca Juniors como director General de Relaciones Institucionales de la Ciudad de Buenos Aires.
Previamente, ocupó la dirección ejecutiva de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina), entre 1995 y 2007, año en que pasó a la función pública. Desde las oficinas de esta institución que se declara apartidaria, impulsó las candidaturas de Macri, y luego ingresó a colaborar en las gestiones del PRO en la ciudad; comenzó como asesor de Marcos Peña en la Legislatura hasta ser parte del gabinete porteño.
¿Qué es el INAI?
El INAI es un organismo descentralizado creado en 1985, impulsado por el presidente Raúl Alfonsín. Su misión se centra en el desarrollo de políticas públicas para la promoción de los pueblos indígenas de Argentina. La ley 23.302 que lo instituye declara “de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades”.
Cuando se creó se lo declaró dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. En 2006, se lo colocó bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social y, en enero de 2016, pasó a depender de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. El gobierno mileísta lo reubicó bajo el paraguas de la Jefatura de Gabinete.
“Desplazar el INAI al Ministerio del Interior, una cartera que está en permanente diálogo con las provincias, es un claro intento de utilizar a las comunidades indígenas como moneda de cambio –sostiene Jorge Nawel, coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén en declaraciones al medio barilochense Al Margen-. Si el gobierno se retira de su rol fiscalizador, de velar porque los derechos se cumplan, nos deja sin respaldo para afrontar los conflictos con los gobiernos provinciales”.
Desde su creación, nunca una mujer o un hombre pertenecientes a una comunidad originaria estuvieron al frente del Instituto. Sólo durante la gestión de Alberto Fernández, Luis Pilquimán, longko mapuche tehuelche de la lof Wefu Wechu de Pilcaniyeu, Río Negro, ocupó en 2019 la vicepresidencia acompañando a la ex senadora rionegrina Magdalena Odarda.
A cargo del Instituto está una herramienta fundamental para los pueblos: el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, encargado de realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades y sus territorios ordenado por la ley 26.160. El resultado de este proceso es la Carpeta Técnica, un instrumento que, con una futura Ley de Propiedad Comunitaria, resolvería los conflictos territoriales de las comunidades originarias.
Un segundo con trayectoria empresarial
Se puede cuestionar a Avruj, pero al menos tiene un expertise en el área relacionada a las políticas públicas en derechos humanos, especialmente en materia de antisemitismo y acciones contra este tipo de discriminación.
Su segundo, Fernando Jorge Brom (67 años), sólo tiene en su currículum experiencia empresaria. El vicepresidende del INAI fue gerente comercial o de otras áreas durante 35 años en empresas como Quickfood, Felipe Fort, Kraft Foods Argentina, Unilever de Argentina, Fratelli Branca, Carrefour Argentina y siguen los nombres de firmas “a las que les interesa el país”. El licenciado en Administración de Empresas (UCA) es miembro del departamento de Asuntos Institucionales de la poderosa COPAL (Coordinadora de Industrias de la Alimentación y bebidas), cámara que colocó al actual presidente de la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja.
Su currículum en la web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sostiene que tiene gran experiencia en Márketing Estratégico, Ventas de alta performance, Ética y negocios, Planeamiento estratégico e Innovación Disruptiva… ¿Qué sabrá Brom de pueblos originarios?
Una agenda de retrocesos
Recientemente el INAI decidió reabrir a pedido de un privado francés y la empresa Loma Negra las carpetas de relevamientos territoriales de comunidades que ya habían sido cerradas, es decir reconocidas en grado avanzado por el Estado.
“El INAI está agitando la criminalización, reabriendo carpetas, volviendo a azuzar este viejo litigio y eso nos parece dañino, sumamente ilegal y desvirtúa totalmente el rol de un INAI que hoy se ha puesto del lado de los terratenientes, del lado de las empresas que están pretendiendo territorios indígenas. Todo nos plantea un desafío nuevo que tenemos que enfrentar, no podemos quedar pasivos. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento”, sostuvo Jorge Nawel, coordinador de la Zonal Xawunko de la Confederación neuquina.
“Con el cambio de gobierno estamos viendo que el INAI directamente no está sumando. Tenemos causas judiciales que iniciaron el año pasado privados y la provincia de Mendoza. En algunas de esas causas, en la Justicia Federal, se otorgaron cautelares a favor de las empresas y en contra de las comunidades mapuches de modo que se frenó el relevamiento territorial y se generó una orden de no innovar. En ese proceso de judicialización el INAI no se está presentando a las audiencias judiciales”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Gabriel Jofré, werken de la organización Malalweche que agrupa a veintiséis comunidades del sur de la provincia de Mendoza.
“Avruj no sólo no cumple con su mandato y anda queriendo tapar todo con las redes sociales. No están cumpliendo con la tarea para la que fue creado el INAI: la defensa de los derechos indígenas frente a lo que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional”, insiste Jofré. “No es que le dieron un organismo inferior, le han dado un organismo para hacer lo que está haciendo: para reducirlo, para achicarlo en la mayor medida posible y, obviamente, para desligarse de la responsabilidad que tienen como Estado frente a los derechos consagrados en la Constitución, que los indígenas hemos ganado a sudor y lucha “, concluye el werken.
“Por eso nos niegan las carpetas de relevamiento, no nos quiere entregar las personerías jurídicas, dicen que somos mapuches truchos y todo lo demás, porque si no lo que tendrían que hacer básicamente es cumplir lo que dice la Constitución Nacional y reconocer “la posesión ancestral y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Eso dice la Constitución”, concluye el vocero mapuche mendocino; porque en Mendoza, por más que su legislatura declare lo contrario, la población mapuche preexiste al Estado.
El genocidio vigente: “Utilizan al INAI como herramienta para el despojo”
“Frente a estas maneras de actuar del poder judicial, del poder ejecutivo y de los poderes legislativos en contra de los derechos comunitarios indígenas; teniendo en cuenta la votación en la ONU; cabe preguntar: ¿El genocidio contra las pueblos indígenas concluyó o está más vigente que nunca?”, inquiere en diálogo con este medio Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
El referente comunitario reconoce que, con anterioridad, siempre el organismo tuvo falencias, pero “hoy, el INAI está siendo una herramienta de la Sociedad Rural, de las mineras y de los gobiernos provinciales para el despojo territorial a los pueblos”, sostiene el vocero indígena.
Recientemente, en el mes de septiembre, el INAI creó el Consejo Federal de Políticas Indígenas, en el que participaron funcionarios de la mayoría de las provincias y se reunió en tres ocasiones desde su puesta en marcha. Las grandes ausentes en esta instancia de participación fueron las organizaciones comunitarias. “Hay una política de deslegitimación de las organizaciones y sus referencias”, destaca Carriqueo, y señala que esta acción, entre tantas otras, vulnera el derecho indígena que señala que se deben tomar en cuenta y respetar los procesos organizativos propios de las comunidades, se deben reconocer las autoridades que sepan darse y favorecer la participación a sus órganos de gobierno y decisión.
En la provincia de Río Negro, recientemente, el INAI dio de baja la resolución que reconocía a la lof Che Buenuleo, y reabrió la carpeta de relevamiento territorial con la excusa de que la provincia no había participado en el proceso. El werken sostiene que eso es falso, “este relevamiento se realizó con personal de Nación que se desplazó en camionetas cedidas por la propia administración provincial”.
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Por otra parte destaca que se produce una nueva vulneración del derecho indígena y que el INAI actúa ilegalmente, toda vez que para reiniciar el relevamiento necesita del consentimiento comunitario.
La caída de esta resolución favorece la criminalización de un grupo de integrantes de la lof, desmantela un proceso en vías de resolución y favorece -si las cosas siguen como están en la justicia provincial- un nuevo despojo al pueblo mapuche… con el INAI como actor principal.