Redacción Canal Abierto | A través del decreto 1086/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de incorporar un nuevo concepto como factor de vulneración de derechos: la imposición de una “manera de pensar y/o actuar político partidaria”, especialmente en el ámbito educativo.
El decreto define al adoctrinamiento como una práctica que “vulnera” derechos fundamentales como la “libertad”, la “educación” y la “dignidad e integridad personal” de los niños, niñas y adolescentes, y lo considera un trato que afecta su integridad personal.
Al respecto, desde el Foro de la Niñez, Rosario Hasperué fue tajante al señalar que no existen pruebas de que los docentes estén adoctrinando de forma partidaria en las escuelas. “Los docentes llevan adelante la tarea educativa con los niños y las niñas en función de los programas de estudio que son aprobados por el mismo Ministerio de Educación de la Nación”, indicó. No obstante, “sí vemos que el Presidente ha ido a algunos actos escolares a adoctrinar”, cuestionó.
En ese sentido, se refirió, por ejemplo, al discurso de Javier Milei en la inauguración del ciclo lectivo en su colegio, el Cardenal Copello de Devoto, a principios de este año. En ese acto, el Presidente bajó línea contra el activismo feminista -a cuyas integrantes caracterizó como “asesinos de pañuelo verde”-, contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra el comunismo y hasta contra un derecho garantizado por ley. “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo”, opinó frente a decenas de adolescentes.
En esa línea, la también secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense llamó la atención sobre la utilización de esta norma para perseguir a la docencia que no esté alineada con el Gobierno. “Nos preocupa que quieran utilizar este decreto solamente para perseguir a los docentes e incluso para silenciar cualquier hecho histórico que no encaje dentro de su relato, y para llevar adelante esta especie de reescritura de la historia que están queriendo hacer, incluso reivindicando los peores hechos de la dictadura», advirtió.
Hasperué también se refirió a las contradicciones entre lo que dice el decreto y las políticas de Niñez del Gobierno. “Nos llama la atención que se menciona la obligación del Estado de llevar adelante una política con una asignación de recursos privilegiada para garantizar el interés superior del niño y todos sus derechos”, cuando en paralelo “se recorta en un 90% el presupuesto destinado a la Secretaría de Niñez”.
Ese área-añadió la dirigente- “está en manos de Juan Bautista Ordóñez, una persona que viene del negocio de la timba financiera, de las empresas de apuestas y de la Barrick Gold, sin ninguna expertise conocida en el tema de la Niñez. Es una secretaría que además tiene reducido el 90% de su presupuesto con la mayoría de los programas de atención a la niñez reducidos y desmantelados”, advirtió.