Redacción Canal Abierto | Tras la aprobación de un proyecto presentado de manera sorpresiva y tratado sobre tablas, Jujuy se convierte en la primera provincia en avanzar sobre la eliminación de la universalidad de la salud pública.
El proyecto, presentado por el oficialismo, establece la obligatoriedad del denominado Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que deberán contraer con el propio gobierno provincial aquellas personas cuyos ingresos superen el equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil y no cuenten con cobertura vía obra social o prepaga.
Hasta que se conozca la nueva actualización, esto implica ingresos menores a $543.000 pesos, un monto menor a los $572.000 en la que está valuada la canasta básica alimentaria. El costo establecido es de cinco consultas médicas. que equivalen a unos $50.000 mensuales. Una persona que sobre $560.000, deberá dejar el 10% de esos ingresos para garantizar su salud.
La novedad es que esto correrá para la atención en los propios establecimientos de salud pública, por lo que tal denominación deja de tener un correlato con la realidad.
El proyecto fue firmado por el bloque de diputados de la UCR y presentado con hoja membretada del Frente Cambia Jujuy y cosechó votos del bloque peronista y de la Coalición Cívica.
Si bien en sus fundamentos plantea que “resulta necesario enfatizar que toda asistencia sanitaria, posee un costo. Éste, en caso de personas carentes de recursos y sin obra social, es solventado por el Estado provincial”, párrafo seguido expone que “resulta de público conocimiento que, por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”.
Y ejemplifica: “por citar un ejemplo paradigmático entre muchos, el Programa Federal Incluir Salud que brinda cobertura médico-asistencial a personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, representa un costo mensual para el Ministerio de Salud — Estado Provincial de $ 516.140.000, de los cuales, el estado nacional solo aporta $19.813.132 (datos de noviembre de 2024). En ese sentido, surge la necesidad de implementar un Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) con el fin de que aquellas personas que no cuentan con una cobertura sanitaria, tengan la posibilidad de contratar el SEPROSA”.
Consultada por Canal Abierto, la secretaria adjunta de ATE Jujuy patricia Taritolay dijo que “la Constitución Nacional pone como un derecho para toda la comunidad el tema de la salud, así como el de la vivienda porque hacen al bienestar. Y la situación que está viviendo el trabajador aquí es muy mala porque tenemos sueldos muy bajos. Lamentablemente, las paritarias que tenemos aquí en Jujuy en nunca han llegado a equilibrar la inflación que estamos viviendo, tenemos solo por debajo de los 500.000 pesos que cobran los trabajadores estatales, entonces la situación está complicada”.
Y contó que, a pesar de estar aprobada, esta ley “está dando mucho debate porque hay mucha disconformidad de la población en general. Yo entiendo que todavía no está todo estructurado. Lo que sí me gustaría que algo así se defina con más participación: de los gremios, de las ONG y de la comunidad en general también, para aportar a eso o regular todo eso. La verdad es que se sabe muy poco y todo de manera fragmentada y segmentada. Todavía no sabemos bien porque no lo explicaron bien. Por eso a mí me gustaría la opinión de la comunidad en general”.
“Nosotros como gremio vamos a defender siempre el derecho del trabajador a un acceso a una salud pública, abierta, democrática y que sea para todos. Si que, como dicen muchos, no hay plata porque el gobierno nacional no manda, nosotros tenemos que apuntar a que la mande y que no perjudique a las provincias. Y, a la vez, que la plata la saquen de los megaempresarios porque son esos esas personas que realmente tendrían que estar pagando y no los trabajadores, cuya mayoría es pobre o indigente”, concluyó la dirigente.