Redacción Canal Abierto | Durante las celebraciones navideñas, los portales de noticias, las redes y la discusión pública general giró en torno al homicidio ocurrido en La Matanza tras una discusión entre vecinos por el volumen de la música. Aunque este caso fue un conflicto interpersonal que escaló en violencia, el dato de que fue un expolicía quien disparó contra su vecino, fue parte central del debate.
En la provincia de Buenos Aires, 45 casos de uso letal de la fuerza ocurridos entre 2016 y 2023, relevados por la Comisión por la Memoria en su sitio Datos Abiertos, fueron cometidos por policías fuera de actividad, en su mayoría retirados. Esto representa el 5% del total de casos de muertes producidas por agentes policiales en ese periodo de tiempo.
Si el recorte se hace sólo para este 2024, los datos a noviembre arrojan que un 9,5% de las muertes producidas por agentes policiales son responsabilidad de personal fuera de actividad, 10 de 105 casos. De los 10 casos registrados, 8 involucraron a policías federales y los otros dos a bonaerenses.
¿Qué pasa cuando un policía se retira de la fuerza? Si bien ya no están en servicio los agentes retirados mantienen lo que se llama el “estado policial”, esto se refiere a los derechos y deberes que, según los reglamentos, alcanzan al personal de la fuerza de seguridad. Entre esos deberes está el de “Intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores” la ley aclara que de hacerlo “voluntariamente” mientras está fuera de servicio sus actos y consecuencias “serán considerados a todos los efectos como actos de servicio.”(Artículo 11 de la ley 13982). El retiro, además, es activo hasta que el agente cumple 70 años cuando pasa a ser absoluto.
Este “estado policial” es la situación jurídica que los ampara incluso cuando su accionar es excesivo respecto de la situación en la que intervienen y sólo se pierde mediante una baja decretada por una autoridad competente o una condena firme que imponga una pena privativa de la libertad o inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
En la mayoría de los casos los policías retirados intervienen en ocasión de supuestos robos a bienes propios o de terceros, la Justicia suele interpretar ese accionar como “legítima defensa” y las autoridades políticas justificar el accionar policial sin investigar ni sancionar administrativamente estas conductas.
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Fuente: Agencia Andar