Por Ariel Slipak, Guillermina French y Matías Cena Trebucq* | “Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas”. Joan Manuel Serrat, en su canción “Fiesta”, describe como, bajo un manto de guirnaldas, la fiesta iguala momentáneamente a pobres y ricos. Por una noche, “nos olvidamos que cada uno es cada cual”. Terminada la fiesta, con “la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza”.
Sin embargo, las fiestas en Argentina tienen una particularidad. Por lo general, en esos días se emiten decretos o se efectúan cambios en la tributación y esquemas tarifarios, lo que hace que los pobres tengan menos herramientas para afrontar esa “resaca”, y que los ricos puedan prolongar “la fiesta”.
Este año, el incremento de esa brecha de privilegios entre grandes compañías y la población en general tiene como artilugio lo que aquí vamos a llamar la particular ‘fiscalidad de los fósiles’. No es algo que genere un incremento en la desigualdad en términos fiscales comparable con el RIGI, un blanqueo sin pago de tributo alguno conviviendo con un IVA del 21%, o con la reducción de espacios de política social, educativa y de salud.
Sin embargo, esta fiscalidad de los fósiles, que pasa bastante desapercibida, nos empobrece de manera cotidiana mucho más de lo que imaginamos. De hecho, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que, en 2025, la suma de estos dos tributos representará un 4,1% del total de la recaudación.
El 30 de diciembre de 2024, último día hábil del año, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1134, que eleva dos impuestos: el correspondiente a los combustibles líquidos y el del dióxido de carbono. El mismo día, los medios de comunicación anunciaron que YPF elevará las tarifas de sus combustibles en un 1,75% a partir del 2 de enero, y que luego las otras grandes firmas privadas harían lo propio.
Impuestos para quienes consumen y subsidios para las empresas
Más allá del curioso hecho periodístico de que el traslado del impuesto sea tratado en cada medio como dos noticias separadas, proponemos a los lectores y las lectoras realizar una búsqueda histórica sobre cada momento en el que se incrementaron estos impuestos. Encontrarán entonces una correlación entre estos tributos y las tarifas.
Lo curioso es que la Ley 23.966 establece que ambos impuestos recaen tanto sobre importadores como empresas que refinen, produzcan, elaboren, fabriquen y/u obtengan combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, directamente o a través de terceros, agregando luego para el impuesto al dióxido de carbono a quiénes producen y/o elaboren carbón mineral.
En otras palabras, un impuesto que recae sobre las empresas, por ser indirecto se traslada de manera automática a quiénes consumen, y justo tras un año en el cual las empresas hidrocarburíferas no solo obtuvieron ganancias récord, sino también subsidios récord.
Estas subas de ambos impuestos parecen muy pequeñas, pero, al afectar el transporte de mercancías, se trasladan de manera automática a la totalidad de los artículos de consumo. Al no hacerse cargo de impuestos cuyo espíritu es gravar la producción, las petroleras terminan elevando la canasta de precios de todos los consumidores y, de hecho, perjudican los índices de pobreza e indigencia.
El 2024 reafirmó una tendencia ya consolidada: los subsidios a la oferta, aquellas transferencias de dinero que le realiza el Estado nacional a las empresas hidrocarburíferas, siguen superando el monto destinado a los subsidios a la demanda, es decir, las transferencias que apoyan al acceso a la energía de la población.
En este marco, las empresas hidrocarburíferas resultaron nuevamente favorecidas con un monto cercano a los 400 mil millones de pesos. Durante el primer semestre del año, compañías subsidiadas como Tecpetrol y Panamerican Energy lograron beneficios netos de $330.000 millones y $350.000 millones, respectivamente, mientras que Pampa Energía alcanzó más de $450.000 millones en los primeros nueve meses del año. Este escenario plantea una pregunta ineludible: ¿es pertinente seguir destinando recursos públicos a firmas con beneficios millonarios?
La revisión de estas políticas debería enfocarse en priorizar una fiscalidad que promueva una transición energética justa, en la que los derechos de la ciudadanía y la protección ambiental prevalezcan sobre los intereses de corto plazo de corporaciones contaminantes y altamente rentables.
Las petroleras contaminan y la población lo paga
El impuesto al dióxido de carbono tiene una particularidad interesante a discutir. El espíritu inicial de este tributo es gravar emisiones de dióxido de carbono. Economistas que piensan en términos convencionales creen que, al colocar impuestos sobre lo que denominan ‘externalidades’, el incremento en los precios modificará la conducta de las personas consumidoras, y ello hará que se inclinen por otras alternativas.
Sin embargo, lo curioso es que Argentina no tiene una red de transporte popular de bajo costo fuera del AMBA, ni una red de carga de automóviles eléctricos, o, mejor aún, trenes eléctricos de larga distancia tanto para el transporte de pasajeros como mercancías.
Si la lógica de este tributo es que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, el tributo debería recaer sobre las empresas responsables de dichas emisiones.
En 2024, por ejemplo, Vaca Muerta tuvo un récord en la cantidad de operaciones de fractura. Si, en lugar de gravar el consumo energético como si los hogares tuvieran la misma responsabilidad que las grandes empresas, se gravara cada una de las operaciones de fractura, seguro veríamos cambios concretos de comportamiento, además de una mayor justicia distributiva.
Hacia una fiscalidad de la transición, que tenga a la energía como derecho
Debemos asumir, como parte de la transición, la necesidad de un cambio de paradigma sistémico sobre cómo se producen, transportan y consumen mercancías, en la que la relación con la naturaleza y los Derechos Humanos estén en pie de igualdad con los derechos económicos, sociales y culturales.
Si nos referimos al modelo energético exclusivamente, Argentina debe asumir el tránsito de energías fósiles hacia renovables garantizando puestos de trabajo en dicha conversión, pero de un modo en el cual no haya más excusas para comenzar.
Actualmente, las empresas hidrocarburíferas tienen subsidios, capacidad de diferir impuestos o acceso a dólares más baratos. La actual administración, mientras tanto, eliminó cualquier esquema de estímulo a las energías renovables, y la presión fiscal sobre los hogares es cada vez mayor.
La lógica de tributos y subsidios debe ser inversa a la que hoy tiene Argentina. Los consumos suntuarios que excedan ciertos límites tendrían que estar fuertemente gravados. Además, los principales tributos deberían provenir de las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, especialmente las firmas que extraen hidrocarburos. Incluso podríamos considerar que las empresas que producen artículos de consumo utilizando derivados de los fósiles como insumos —y que podrían prescindir de ellos— sean quienes asuman el costo de estos tributos, en lugar de trasladar esa carga a los consumidores.
El acceso a un determinado umbral de consumo energético a bajo costo, que garantice a cada familia condiciones adecuadas de alimentación, higiene, salud, educación, calefacción y esparcimiento básicos en el hogar, debe ser concebido como un derecho.
*Economistas del área de Investigación de FARN
Ilustración: Marcelo Spotti