Redacción Canal Abierto | Un amplio abanico de organizaciones, organismos y personalidades del ámbito de los derechos humanos realizaron una presentación conjunta a la Cámara de Alta solicitando el rechazo en todos sus términos del proyecto de Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado.
Según el texto que recibieron los senadores, la polémica iniciativa legislativa “está plagada de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales básicos, a los que debe someterse la legislación penal de nuestro país por imperativo constitucional, tales como el principio de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor (derecho penal de acto), al atribuir sanción penal a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho”
La solicitud lleva la firmas, entre otros, de Adolfo Pérez Esquivel, presidente de SERPAJ; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma; Ana María Careaga, copresidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia Rocca, presidenta Asociación Argentina de Juristas y vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas; y de Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Además, adhieren el ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, el reconocido jurista español Baltasar Garzón y Roberto Pompa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo.
El escrito hace un pormenorizado análisis del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo -que ya fue tratado en carácter informativo por el plenario conjunto de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el pasado 6 noviembre-, y sostiene que “además de estas cuestiones muy graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción -entre otros-, el proyecto se explaya sobre otros aspectos más preocupantes que se vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”.
Además, se fundamenta sobre su “Inconstitucionalidad, inconvencionalidad”, dado que se pretende “una reforma ilegal del Estado de sitio constitucional” dado que se podrían instaurar la denominada “Zona de investigación especial” con atributos discrecionales para las fuerzas de seguridad de “detener personas sin orden judicial reemplazando la exigencia legal de “sospecha de comisión de un delito” de los códigos procesales del país por el ligero motivo de “averiguación” por plazo de hasta 30 días (art. 6)”.
De concretarse, el avance del Gobierno implicaría una “supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales” y generaría un “conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades”, insisten.
Este proyecto se inscribe en el marco de una serie de respuestas represivas que desde el decreto 70/23 y la denominada Ley Bases, el Gobierno ha venido impulsando.
El texto presentado en Senadores se pude leer completo en el siguiente link.
Canal Abierto transcribe completo el apartado con las consideraciones finales:
¿Cuál es el objetivo real de la denominada Ley Antimafia?
La respuesta a la pregunta efectuada al final del anterior apartado, debe ser analizada a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal sancionados y en ciernes.
A partir del DNU 70/23 y luego de la Ley 27742 o “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, quedó evidenciado un proyecto de vaciamiento del Estado, en todo lo que significa la efectiva protección de los derechos económicos, sociales y culturales, conjuntamente con la privatización de empresas, recursos estratégicos y otros bienes públicos.
El intento de suprimir los derechos laborales, combinado con la persecución a las organizaciones sindicales, sociales y de la economía popular – denuncias penales, la quita de los alimentos y otras prestaciones garantizadas por programas sociales que fueron abruptamente discontinuados- dan cuenta de un proyecto político de acumulación en favor de los sectores concentrados de la economía, en el marco de un proceso inflacionario por la desregulación de los factores económicos esenciales como servicios, prestaciones y precios en general, con una abrupta pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de la desocupación y la pobreza.
Previendo la protesta social, el gobierno desplegó un accionar represivo a través del Ministerio de Seguridad que tuvo su primera exteriorización en la Resolución 943/2023, conocida como “protocolo antipiquete”.
La Resolución 947/2023 que creó el “COMANDO UNIFICADO URBANO”, con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la “prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios federales”, disposición que en mayo de 2024 se superó con la Resolución 403/2024, que creó el COMANDO UNIFICADO FEDERAL “… a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios y objetivos federales”.
En febrero de 2024 se dictó la Resolución 53/2024 que establece que “la Prefectura Naval Argentina (PNA) puede utilizar armas de fuego de largo alcance para prevenir delitos graves en ríos, lagos y mares del país”, y en marzo se publicó la Resolución 125/2024, “Protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad y policiales” que habilita la no identificación y el disparo a personas en fuga, aun desarmadas y por la espalda, consagrando la conocida “Doctrina Chocobar”, pero con facultades aún más extremas.
En la misma línea, la Resolución 893/2024 instituyó el Comando Unificado de Seguridad Productiva, “un organismo creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para prevenir y controlar delitos en áreas productivas clave del país: zonas portuarias, mineras, de hidrocarburos”, con el evidente objetivo de garantizar la explotación desregulada de los Recursos Naturales y el ataque a los derechos laborales, resuelto a partir de la sanción de la Ley Bases. Según el propio gobierno, el objetivo de este organismo es “prevenir y controlar delitos, custodiar áreas productivas clave, responder a incidentes de violencia y bloqueos, limitar la protesta social.”
Previamente, en una nueva intrusión en las competencias de la Justicia penal, la Ministra de Seguridad dicta la Resolución 710/2024 que establece entre sus fundamentos que “resulta indispensable la aplicación de la Inteligencia Artificial en la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones”. Para eso, crea la UNIDAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA SEGURIDAD (UIAAS), que funcionará en la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES. Entre las funciones de la UIAAS el artículo 2° establece: “Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada ‘Internet profunda’ o ‘Dark-Web’…” y otras tareas -a cuyo texto nos remitimos- fuera del alcance del debido control judicial. Esta nueva violación a las garantías constitucionales, violenta además la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, y la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
El 10 de septiembre de 2024 se publicó la Resolución 901/2024 que pretende “proteger el normal desarrollo de los establecimientos productivos o de servicios que se vean perjudicados ante maniobras que afecten sus actividades.”
El 4 de noviembre, la Ministra Bullrich, acompañada de los ministros de Justicia y Defensa, presentó el Comando Antibloqueos para Vaca Muerta, que está integrado por gendarmería y actuará en situaciones «complejas» o alejadas y frente a eventuales bloqueos.
E 21 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1253/2024 que creó la UNIDAD ESPECIAL DE AGENTES ENCUBIERTOS, dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
Ordena a cada fuerza identificar los agentes con “alta calificación a partir de sus perfiles, aptitudes, especialidades y destinos actuales; capacitarlos para las tareas de la Unidad, que no son otras que la infiltración y el espionaje; impulsar la figura de Agente Encubierto en todas las jurisdicciones del país y asistirlos en la generación de “antecedentes, hojas de vida, historiales de redes sociales y demás elementos referidos a su identidad ficticia que sean necesarios para una actuación procesal eficaz y segura”.
A lo antes descripto debe agregarse el intento de bajar la edad de punibilidad de los menores, el proyecto de “Ley de Reiterancia”, el de modificación al artículo 34 del Código Penal -que incorpora la legitimación de los disparos a personas que no portan armas de fuego y para evitar la fuga, convirtiendo así al policía, gendarme o prefecto y al “justiciero” en juez y verdugo-, conjuntamente con los artículos 237 (desobediencia) y 238 (atentado y resistencia a la autoridad), elevando las penas de manera que el máximo quede por fuera de la posibilidad de excarcelación durante el proceso y de pena en suspenso en caso de condena.
Por último, especial mención merece la derogación de la Ley 26160 y sus prórrogas, a través del Decreto 1083/2024 del 10 de diciembre de 2024, dejando sin protección a las Comunidades Indígenas y dando luz verde a los desalojos, priorizando los intereses privados -alentados por el régimen del RIGHI y las políticas de privatización- sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
La respuesta a nuestro cuestionamiento inicial resulta evidente. El actual poder ejecutivo, anticipándose al aumento de la conflictividad social, busca profundizar la criminalización de la protesta social, perseguir y disciplinar a militantes sindicales, políticos y sociales, con especial foco en los más jóvenes, y facilitar la represión y los desalojos de los pueblos originarios.
El proyecto de Ley aquí rechazado, no es sino, el pretendido blindaje legal para un Estado represor que dota a las fuerzas de seguridad encabezada por la Ministra Bullrich, de las mismas facultades operativas que tenían los denominados “grupos de tarea” en la última dictadura cívico militar.
Pero esta vez, tendrá un falso ropaje democrático, si el Senado de la Nación Argentina no cumple con su función constitucional, lo cual los hará cómplices de la supresión del Estados social y democrático de derecho.
En dicho marco -tal como la historia nos enseña en este tipo de procesos- no estarán exentos de ser ustedes las futuras víctimas de este gobierno autoritario, fascista y de claro corte neocolonial.