Por Grupo GEMAS * | En el arte de la retórica se llamó fallacia al uso defectuoso de ciertos razonamientos que pueden ser usados intencionalmente con el fin de argumentar algo que se sabe que es mentira o engañoso. En otras palabras, la fallacia retórica es un tipo de falacia que afecta al uso del lenguaje para argumentar una mentira con el fin de manipular a una audiencia.
Considerando que los discursos políticos, policiales o jurídicos tienen efectos materiales en la vida de las personas –por ejemplo, al pretender justificar un allanamiento–, resulta crucial identificar cuándo sus argumentos apelan a una lógica defectuosa o inconsistente, usando premisas falsas, irrelevantes o contradictorias para llegar a una conclusión. El uso de la fallacia retórica en el texto de un “requerimiento de registros domiciliarios, requisas personales, detención, revisión vehicular y secuestros” es una práctica antidemocrática que atenta contra la institucionalidad en la que se garantizan los derechos ciudadanos. Este es el caso del escrito en el que el juez penal de Esquel (Chubut, Argentina), Jorge Criado, basó su solicitud de allanamiento a comunidades mapuche y la detención de Victoria Núñez Fernández, el 11 de febrero de 2025. El mismo escrito que volvieron a citar y utilizar en sus respectivas conferencias de prensa, tanto el gobernador chubutense Ignacio Torres como la ministra de seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
El pasado 11 de febrero se llevaron a cabo simultáneamente una serie de allanamientos violentos contra el pueblo mapuche en diferentes localidades de la cordillera de la provincia de Chubut. Entre los lugares afectados estuvieron la radio comunitaria Petü Mogeleiñ de El Maitén, Lof Catriman Colihueque, Lof Cañio, Lof Nahuelpan, Lof Pillan Mahuiza y domicilios particulares en ciudades de la región. Esto sucedió en un contexto de emergencia por los incendios forestales que desde enero asolan seriamente a la región —al momento de este escrito ya arrasaron casi 50 mil hectáreas de bosques, plantaciones, pastizales y viviendas—, cuando la atención pública estaba puesta en las consecuencias del avance del fuego. Así se construyó un relato verosímil, pero sin evidencias, que inmediatamente fue difundido por los medios de comunicación, en donde se responsabilizó a las comunidades mapuche de “los incendios”.
Repetir las falacias, usarlas o pasarlas por alto nos hace cómplices de la manipulación y la deshonestidad de ciertos sectores de gobierno, así como también, responsables de las prácticas violentas, racistas y antidemocráticas que los gobiernos nacional y provincial han estado promoviendo en la Patagonia argentina.
La Solicitud Jurisdiccional del poder judicial de Esquel, con fecha del 10 de febrero del 2025, con la que se pretendió justificar los hechos violentos del allanamiento del 11 de febrero consiste en un texto de diez páginas, donde se desarrolla un argumento de culpabilidad apelando a múltiples manipulaciones engañosas. Entre ellas, la falacia de repetir una afirmación muchas veces hasta que se acepte como verdadera sin ofrecer razones válidas (argumentum ad nauseam), la de comparar dos cosas que no son realmente comparables, basándose en alguna semejanza ficticia (falsa analogía), la de afirmar que algo es verdadero porque no se ha demostrado que sea falso (ad ignorantiam) o la de apelar a la fuerza o a la amenaza para imponer un argumento, sin ofrecer evidencias (ad baculum), entre muchas otras.
En líneas generales, el texto parafrasea declaraciones públicas realizadas por distintas personas en las redes sociales que denunciaban un inminente desalojo de la comunidad mapuche Paillako (Parque Nacional Los Alerces, Chubut), resignificando de manera evidente sus sentidos originales. En simultáneo, y sólo a través de la enumeración cronológica de ciertos hechos, pretende estar dando cuenta de sus conexiones. De esta manera vincula las declaraciones en las redes sociales, el desalojo efectivo de Paillako, una acción colectiva de protesta en la comunidad Nahuelpan y el incendio de las maquinarias de la Estancia Amancay (Trevelin, Chubut), para luego asociar este último incendio con los producidos en Epuyén (donde se perdieron centenares de casas y bosques). Otra falacia es el uso reiterado de palabras como RAM (resistencia ancestral mapuche), “Facundo Jones Huala”, violencia, pirotecnia, terrorismo, entre otras, para crear la calificación del delito como “eventos de una violencia y capacidad lesiva inusitada”.
La falacia se completa cuando el escrito, sin evidencia alguna, asocia esos eventos con personas, familias y comunidades, cuyas trayectorias políticas son públicamente conocidas por estar vinculadas con la medicina mapuche, las prácticas espirituales del pueblo mapuche, la ampliación de los derechos indígenas, la reivindicación de prácticas autonómicas basadas en el conocimiento y las memorias ancestrales, las acciones colectivas de protesta social en los marcos democráticos, el resguardo de las fuerzas que habitan el territorio y el agua, la defensa de la vida y la diversidad (en todas sus expresiones), y el uso de la palabra como herramienta política de confrontación.
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Esta falsa asociación de hechos y sentidos –producida a través de múltiples falacias– opera como el marco en el que se inscribe el relato escueto de los hechos puntuales, asociados con el incendio de las maquinarias de la Estancia Amancay. La trama o intriga de este relato se sustenta en una única y supuesta evidencia: dos testigos que manifestaron haber pasado por la estancia “entre las 0:30 y la 01:00 del 18/01, habiendo visto una camioneta blanca tipo utilitaria con porta equipaje parada en el lugar a unos trescientos metros del ingreso a la la estancia, con el frente hacia el lago, sin ocupantes y en marcha con las luces prendidas y que les pareció que tenía un vidrio lateral”.
El argumento prosigue afirmando, sin más fundamento, que “de las mismas características es la camioneta Kangoo que conduce la mencionada Núñez Fernández.” Sin ninguna otra evidencia, se plantea que Victoria Nuñez Fernández participó del incendio de las maquinarias de la estancia con una bomba molotov. A partir de esta fallacia de analogía entre vehículos, se cree poder sostener que las personas que alguna vez, en fecha cercana al acontecimiento en Amancay, viajaron dentro del vehículo, o fueron visitadas por la camioneta de Victoria –de forma legal e identificándose con sus documentos– son parte de una misma banda criminal relacionada con el incendio en la estancia de Trevelin. Esa camioneta, asociada por cercanía horaria y geográfica con el día y lugar del incendio en la estancia, pasa a ser el único conector entre todas las comunidades que fueron allanadas, y la única explicación para acusar a sus integrantes como autores materiales o intelectuales del hecho (incluidos ancianos y ancianas).
Ahora bien, la falsa analogía queda al descubierto, cuando se pone a disposición de la justicia la prueba del monitoreo georeferenciado brindada por la empresa aseguradora de la Kangoo de Victoria. Con este monitoreo satelital se supo de forma certera que ese vehículo se encontraba en la comunidad Pillan Mahuiza (Corcovado), a 80 kilómetros de la Estancia Amancay, la jornada completa del 18 de enero en que ocurrió el incendio.
El argumento de esas diez páginas se revela como una falacia retórica del inicio al final. Sin embargo, los gobiernos extrajeron su propio espectáculo de un allanamiento ilegal, produciendo imágenes y narrativas, acusaciones y estigmatizaciones para seguir abonando las falacias de los textos policiales, políticos y periodísticos que se produjeron horas después.
El gobernador Ignacio Torres y la ministra Patricia Bullrich, junto con otros funcionarios de gobierno y de las fuerzas de seguridad, salieron ante las cámaras para adjudicarse el trofeo de esas imágenes mediáticas y crear discursivamente nuevas falacias retóricas. Por ejemplo, los trapos manchados con gasoil o bidones de gasolina encontrados en las comunidades allanadas, fueron designados, sin otra explicación, como “acelerantes de incendios” o “materiales de bombas molotov”. Cualquier poblador/a rural puede aportar una explicación más razonable de esos elementos en tanto sabe que son indispensables para las maquinarias de uso doméstico (por ejemplo para las motosierras con las que se corta la leña que se usa para la calefacción o las cocinas) o como reserva para los vehículos en localidades alejadas de las estaciones de servicio (que frecuentemente, además, están desabastecidas).
La exacerbación de las falacias argumentativas, disponibles en el escrito, y materializadas en imágenes de las personas mapuche –incluidas ancianas, ancianos y menores de edad– tiradas en el suelo, precintadas o esposadas, o apuntadas con las armas de las fuerzas de seguridad, fue razón suficiente para adjudicarse el logro de haber encontrado a la “principal banda criminal mapuche”. Y para que hoy, 18 de febrero, Victoria Núñez Fernández siga estando en prisión domiciliaria.
Nos preguntamos, como académicas/os y analistas sociales, si es ético no denunciar el uso abusivo de las fallacias argumentativas en discursos tan performativos como un requerimiento de allanamiento, detención y secuestro. Con este escrito nos proponemos aportar al cuidado de nuestras instituciones democráticas, y resguardar el espacio de la política en el que las comunidades mapuche pueden relacionarse entre sí solidariamente, sin devenir una banda criminal.
A continuación, y para quienes quisieran profundizar en las afirmaciones falaces que siguieron construyendo el gobernador Ignacio Torres y la ministra Patricia Bullrich, compartimos algunos fragmentos de sus respectivas conferencias mediáticas. Recordemos que la única evidencia de todo el argumento es la presencia de la Kangoo de Victoria Núñez Fernández en el lugar y a la hora del incendio en Amancay, la cual ya fue rotundamente refutada. Que ninguna de las personas pertenecientes a las comunidades o la radio comunitaria allanadas tienen relación alguna con los comunicados anónimos que se pronuncian en nombre de la RAM o con alguna persona que se identifique como miembro de esta supuesta organización. Que Victoria Núñez Fernández es la única detenida y que al día de hoy sigue estando en prisión domiciliaria, a pesar de haber probado de forma contundente su inocencia ante la justicia. Que el 17 de febrero, los integrantes de las distintas comunidades allanadas se presentaron ante la justicia donde fueron informados que no estaban imputados en ninguna causa judicial. Que los incendios siguen sin ser controlados en Patagonia, arrasando sobre bosques y viviendas, mientras el gobernador de Chubut y la ministra de seguridad gastan fondos públicos en reprimir, estigmatizar y producir montajes mediáticos culpabilizando al pueblo mapuche. Que en la política libre siempre circularon folletos, se acudió al arte de los murales, se realizan encuentros, visitas y se pronuncian discursos.
*Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas – GEMAS