Redacción Canal Abierto | La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de publicar la Resolución 187/2025 que incorpora términos violentos y discriminatorios para calificar a las personas a las que debe atender.
La resolución oficial va en línea con la estrategia del Gobierno de endurecer las condiciones para el acceso a las pensiones y los programas de asistencia y acompañamiento.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red Argentina Trisomía 21 publicó un comunicado en el que expresan su “repudio” a las “clasificaciones profundamente estigmatizantes y discriminatorias para las personas con discapacidad intelectual”.
“La normativa –denunicna-, publicada en el Boletín Oficial Argentino, emplea términos ofensivos y obsoletos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para categorizar a las personas según su coeficiente intelectual, en relación a los criterios para percibir pensiones no contributivas. Estas expresiones, además de ser inaceptables desde una perspectiva ética y de derechos humanos, refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Se trata de expresiones introducidas en 1912 y que fueron reemplazadas hace más de 70 años”.
“El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, agrega el texto.
ASDRA y la Red Trisomía 21exigen la rectificación de la y el reemplazo de su terminología por un lenguaje “acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y con el modelo social de la discapacidad”.
Además, las entidades hicieron pública su preocupación respecto a esta misma resolución ante los cambios en los criterios para acceder a las pensiones por invalidez.
Por Su parte, el Foro Permanente de Discapacidad, que agrupa a más de 15 asociaciones y organizaciones, calificó a la decisión del organismo como “un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad” y advirtió que “no sólo endurece los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas (PNC), sino que además reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual”.
Además, reclaman “que la ANDIS garantice el acceso real a las PNC sin barreras burocráticas ni requisitos inhumanos”.