Redacción Canal Abierto | La marcha del último miércoles, que prometía ser épica, terminó en tragedia gracias a un accionar policial que la propia ministra de Seguridad legitimó. Con ese antecedente, la habitual protesta de los jubilados en reclamo de haberes, que se repetirá este 19, incluirá nuevas estrategias de prevención a ambos lados de la valla.
Por el lado de los manifestantes, la Red Federal de Derechos Humanos presentó el martes un habeas corpus preventivo ante el Juzgado Criminal y Correccional 7, que es el que se ocupa de la amenaza sobre la libertad ambulatoria. Es decir, previene futuros posibles hechos lesivos.
“Las personas que irán a manifestarse al Congreso de la Nación el próximo 19 de marzo conforman un colectivo que se encuentra expuesto a la amenaza de ser detenido arbitrariamente y/o reprimido y lesionado”, plantea el escrito.
Y continúa: “Por tal razón, la resolución de la presente acción requiere de un pronunciamiento que proteja a todo el colectivo amenazado y marque pautas de acción generales para las fuerzas de seguridad de modo de prevenir detenciones arbitrarias y abusos policiales”.
Por su parte, el juez federal Martín Cormick —del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11— estará presente en la marcha para monitorear la aplicación del protocolo antipiquete.
La resolución fue tomada luego del pedido de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) para que suspendiera la resolución 943/23 de Patricia Bullrich. Si bien Cormick la rechazó, se comprometió a estar presente para incorporar de oficio las pruebas que aporten para resolver el planteo de inconstitucionalidad que hicieron las organizaciones.
“El juez decidió hacer una observación presencial de la protesta. Eso es un dato relevante porque genera garantías para quienes quieran manifestarse el miércoles”, expresó la directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachsky, en la conferencia de prensa que realizó el Mapa de la Policía (organización de la que forma parte) para presentar el trabajo pericial que demuestra que el gendarme Guerrero fue el autor del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado.
También habrá postas sanitarias y el acompañamiento de numerosas organizaciones que no participaron el miércoles pasado.
El Gobierno, en tanto, adelantó que habrá cortes en los accesos a la Ciudad desde la Provincia de Buenos Aires, aunque se desconoce la metodología. Y vedó el uso de drones sobre la Casa Rosada y sobre la residencia de Olivos.
“Estamos preparados para ir a la guerra”, informó El Destape que aseguró un funcionario del Ejecutivo.