Por Mariano Vázquez | La expulsión, llevada a cabo por agentes marroquíes el pasado sábado 15 de marzo, ha generado el repudio de organizaciones sociales y de derechos humanos en la región. Este intento por tapar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del reino de Marruecos se ha vuelto una práctica sistemática: Tres eurodiputados de España, Portugal y Finlandia sufrieron el 20 de febrero el mismo trato por parte de la fuerza ocupante, y ocurrió lo mismo con representantes del Parlamento Vasco a fines de enero. Además, ya suman cuatro los periodistas expulsados cuando viajaron a los territorios ocupados.
En este último caso, la delegación, compuesta por las juristas canarias Inés Miranda Navarro, Dolores Travieso Darías y Flora Marrero Ramos, junto con el técnico Silvestre Suárez Fernández, había llegado con la misión de analizar la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Sin embargo, al llegar al aeropuerto internacional de El Aaiún, fueron detenidos por agentes marroquíes de civil, quienes les impidieron desembarcar sin ofrecer ninguna explicación formal.
El objetivo principal de la comitiva era entrevistarse con familiares de prisioneros políticos, dialogar con organizaciones de mujeres y obtener información de colectivos sociales y organizaciones humanitarias saharauis, como la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) y la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH).
Este incidente no es un caso aislado. La Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) recuerda que, en octubre de 2021, las mismas juristas Inés Miranda Navarro y Flora Marrero Ramos, junto a la médica Raabub Mohamed Lamin Mehdi, también fueron expulsadas de El Aaiún de manera violenta. Según un informe de la Asociación para la Protección de los Prisioneros Saharauis en las Cárceles Marroquíes y la Asociación Francesa para la Amistad y la Solidaridad con los Pueblos Africanos, en la última década, Marruecos ha expulsado a alrededor de 300 activistas de derechos humanos, europarlamentarios, observadores y periodistas extranjeros con el fin de silenciar las voces que denuncian las continuas violaciones a los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
En respuesta a este nuevo episodio, la PLACSO ha reafirmado “su apoyo a la IAJUWS y a las juristas expulsadas”, además, “ha instado a las autoridades españolas, específicamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a pronunciarse en contra de esta práctica marroquí que vulnera los derechos fundamentales”.
Asimismo, la plataforma ha solicitado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realicen una visita a los Territorios Ocupados para verificar la situación sobre el terreno y cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Este incidente subraya la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el silencio de la comunidad internacional frente a las acciones de las autoridades marroquíes”, denunciaron desde la Plataforma. Entre los firmantes se encuentra la Red Argentina de Periodistas por la Descolonización del Sáhara Occidental y la Asociación Sáhara Libre Argentina (ASLA).
Las resoluciones internacionales demuestran que la presencia de Marruecos es la de una fuerza ocupante. La República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por 84 países, está presente en el Comité Especial de Descolonización o C-24 sobre “territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”, el cual está encargado de examinar “la situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”.

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Mariano Vázquez: @marianovazkez