Redacción Canal Abierto | El anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de archivos de la dictadura no sólo no implica un aporte de importancia a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ya que los mismos fueron desclasificados en 2010, sino que en el casi año y medio de mandato el gobierno de Javier Milei sí tomó decisiones que van en el sentido contrario.
Dejando de lado los mensajes institucionales que el Ejecutivo difundió en sendos aniversarios del inicio de la dictadura cívico militar de 1976, el primero a partir de testimonios de Juan Bautista «Tata» Yofre, el ex montonero autpopercibido creador de la cifra de 30.000 desaparecidos Luis Labraña y María Fernanda, hija del capitán Humberto Viola, víctima de un atentado del ERP en Tucumán, y el segundo con una arenga del influencer Agustín Laje.
Además de la difusión de los mensajes desde sus canales oficiales, ambas entregas cuentan con la Casa Rosada como locación de rodaje. Es decir, que ese es el discurso se enuncia desde la sede del Poder Ejecutivo.
Pero también en su práctica política el Gobierno abonó a una postura negacionista, cuando no reivindicativa, del terrorismo de Estado.
Los juicios
A pesar de no ser explícitamente anunciada, la primera medida fue el retiro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Un ejemplo de esto es el debate oral que comenzó en noviembre en Córdoba, por la complicidad judicial con la dictadura. Allí , el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez está imputado por no atender denuncias de las familias de los desaparecidos. Allí actúan las Entre los querellantes particulares entre las que se encuentra el reconocido investigador, escritor y militante Luis Miguel “Vitín” Baronetto, y las familias Pucheta y Vaca Narvaja, y la acusación del el Ministerio Público Fiscal. No participa la Secretaría nacional.
Tampoco lo hace en el primer juicio de lesa que se inaugurará en 2025. Se trata del proceso que comenzará en mayo en Córdoba, en el que el tristemente célebre represor y carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro será juzgado por el caso de dos víctimas que pasaron por el centro clandestino Campo La Ribera.
El Gobierno despidió a un tercio de los abogados que querellan. Así, seis provincias se quedaron sin representación del Ejecutivo en los juicios contra genocidas.
Según relevó la periodista especializada Ailin Bullentini para un informe publicado en el portal Letra P, a lo largo de 2024, la gestión negacionista despidió a cuatro abogados y abogadas. Durante enero, fueron eliminados cuatro puestos más del equipo jurídico que comenzó el año con 26 abogados y abogadas y en la actualidad quedaron 17. Con lo cual, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza se quedaron sin quien asuma la tarea de querellar en nombre del gobierno argentino. En Mendoza y en Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos nacional abandonó su querella en medio de dos debates orales en curso.
Lxs niet@s
Como si eso fuera poco, el vaciamiento también llegó a otras áreas de la secretaría. Quizá la más emblemática sea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), institución encargada de restituir la identidad a los hijos de desaparecidos. En agosto pasado, se dispuso la eliminación de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI), de alguna manera el corazón del organismo.
Bajo la excusa que el Gobierno es el Poder Ejecutivo y no puede llevar adelante investigaciones, ya que éstas son incumbencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), se borró de un plumazo el ente creado en 2004 con la posibilidad de acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
A partir de entonces, la labor de la CONADI fue central para la identificación de las personas que convivían con sus apropiadores, en un trabajo mancomunado con Abuelas de Plaza de Mayo, iniciadoras de la búsqueda desde los años en los que el país se encontraba en las fauces de la dictadura.
Entre diciembre y enero, Abuelas anunció la restitución de la identidad de dos nietos apropiados. La constatación de la identidad se logró gracias a la labor imprescindible de la CONADI.
Los Sitios
Otra área por la que la Secretaría de Derechos Humanos buscó cumplir con el ajuste es la de los Sitios y Espacios de Memoria. La preservación de los sitios y las tareas de memoria que se realizan allí se vieron interrumpidas en los últimos meses por el desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos realizados por esta institución, de la que depende la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria.
Esta área, a cargo del cuidado, gestión, señalización y difusión de los espacios, fue una de las más afectadas por los despidos realizados en julio, con 29 trabajadores y trabajadoras echados que se ocupaban de las actividades pedagógicas, de la conservación y preservación de los excentros clandestinos de detención, arquitectos, arqueólogos, personal de mantenimiento, entre otros.
Estos lugares, además de ser espacios de visita, conmemoración y pedagogía, constituyen pruebas en las causas contra los genocidas que se siguen realizando, muy a pesar del Gobierno.
Pero no solamente por la Secretaría de Derechos Humanos hizo su paso la motosierra. El ministro Luis Petri también hizo uso de ella en la cartera de Defensa. En abril del año pasado, el marido de Cristina Pérez dispuso la liquidación los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERYA) de archivos de las Fuerzas Armadas.
Se trata básicamente del área bajo cuya responsabilidad estaría el estudio de los archivos que supuestamente se desclasificarán para encontrar datos que lleven a responsables de delitos de lesa humanidad o el destino final de desaparecidos o de sus hijos apropiados.
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