Redacción Canal Abierto | El día 25 de marzo, mediante la resolución 372/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación, prohibió la conformación de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y la permanencia de las personas privadas de su libertad ambulatoria en los espacios de estudio fuera del horario de clase. La medida “restringe seriamente el derecho a la educación superior y apunta al corazón de los centros y programas universitarios en contextos de encierro, en el marco del desfinanciamiento y ataque a las universidades públicas y al sistema científico técnico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.
Así lo denunció mediante un comunicado la Red Universitaria de Educación en Contextos de Encierro, fundada en 2010, y que en la actualidad reúne programas y proyectos de más de veinte universidades de todas las regiones del país, con trabajo en alrededor de cincuenta unidades penales. La entidad se suma así al repudio expresado por organismos de Derechos Humanos, dirigentes sociales y políticos del campo popular, docentes y alumnos, e incluso, por la Procuraduría Penitenciaria de la Nación que rápidamente presentó un hábeas corpus para que la Justicia declare la incompatibilidad de la resolución 372 con la normativa vigente.
En el texto difundido ayer, la Red explica el rol indispensable de los centros de estudiantes. Lisa y llanamente, señalan que “sin la organización estudiantil”, los centros y programas universitarios intramuros, que permiten a las personas privadas de su libertad ambulatoria realizar carreras de grado, tomar cursos de formación profesional y oficios, y participar de talleres y actividades culturales, “no existirían”.
Por un lado, porque “se trata de espacios autogestionados por lxs propixs estudiantes privadxs de su libertad ambulatoria, en articulación con las universidades, que tienen aulas, bibliotecas, laboratorio de computación y todo lo necesario para el desarrollo de la vida universitaria”. A su vez, “la organización, limpieza y mantenimiento de estos espacios depende de lxs estudiantes, que cumplen tareas y realizan aportes solidarios para garantizar su funcionamiento”.
Pero además, porque muchos centros universitarios directamente fueron impulsados por personas privadas de su libertad que querían estudiar. “El primero de estos espacios se fundó en el año 1985, en la cárcel de Devoto, a partir de una iniciativa de un grupo de personas encarceladas, docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa UBAXXII de educación superior en establecimientos penitenciarios federales fue el primero de su tipo y una experiencia pionera reconocida en todo el mundo. Desde entonces, se conformaron muchos otros centros y programas universitarios en cárceles federales y provinciales, agrupados hoy en la red. Algunos de esos programas tuvieron centro de estudiantes incluso antes de institucionalizarse como tales”.
El impacto en la seguridad ciudadana
Desde la Red denunciaron que la resolución ministerial dictada por Patricia Bullrich no solo prohíbe de manera arbitraria e injustificada la organización estudiantil sino que, además, restringe el derecho a la educación al limitarlo estrictamente al horario de clase, “desconociendo la importancia que tiene para el funcionamiento de los espacios universitarios intramuros la existencia de centros de estudiantes e ignorando la dinámica del estudio universitario, que requiere, además de asistir a clase, poder consultar la biblioteca, hacer uso de las computadoras, realizar búsquedas en internet, estudiar o realizar trabajos en grupo”.
“La educación en contextos de privación de la libertad y la organización estudiantil está amparada por ley y no reconoce ningún tipo de limitación o pretexto discriminatorio”, sostienen.
Desde la Red también se refirieron al rol social de los centros universitarios, como “herramientas efectivas para el acceso a derechos, la aplicación de la progresividad de la pena, la mejor convivencia en las unidades penitenciarias, la transformación personal y colectiva, y la integración social de las personas encarceladas a través del estudio, la cultura y el trabajo”. “Además, tienen impacto en la seguridad ciudadana y la construcción democrática al reducir significativamente los índices de reincidencia, promoviendo la inclusión de las personas al momento de recuperar la libertad”, indicaron.
Por último, advirtieron que, si bien el alcance de la medida está delimitado al ámbito federal, sus características anticipan consecuencias para todo el sistema universitario intramuros y el acceso a la educación en contextos de encierro. “Rechazamos la resolución, apelamos a todos los mecanismos institucionales y legales para anularla y convocamos a organizar una respuesta contundente de todos los centros universitarios y espacios organizados dentro y fuera de la cárcel”, finaliza la misiva.
Se pueden sumar adhesiones al comunicado través del siguiente formulario: