Redacción Canal Abierto | El Gobierno sumó un nuevo capítulo a su embestida contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre la última dictadura. Esta vez, el congelamiento de por 60 días las transferencias a la ex ESMA, impidiendo el pago de salarios correspondientes al mes de marzo de sus trabajadores.
En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a la cartera de Justicia a que abone la totalidad de los sueldos en tiempo y forma. Desde el gremio advirtieron que, de no haber respuesta en las próximas horas, avanzará con “medidas de acción directa para esta semana”.
En la carta documento dirigida al Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el sindicato le hace saber: “Al tratarse de un derecho alimentario esencial, para el caso de no pago de los mismos en legal tiempo, recurriremos a todas las medidas legítimas de acción sindical y acciones legales que estimemos corresponder”.
“Persisten en su intento de cerrar los Espacios de la Memoria para legitimar la actuación de la Dictadura Cívico Militar. Ellos saben que si logran legitimar el pasado, disciplinan en el presente. No lo podemos permitir”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
En la carta documento dirigida al Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el sindicato le hace saber: “Al tratarse de un derecho alimentario esencial, para el caso de no pago de los mismos en legal tiempo, recurriremos a todas las medidas legítimas de acción sindical y acciones legales que estimemos corresponder”.
Ante esta situación, el sindicato evalúa realizar medidas de fuerza esta semana, anticipando lo que será el Paro Nacional de 36 horas que comenzará a las 12 del mediodía del miércoles 9 hasta la medianoche del jueves 10.
El argumento utilizado de Mariano Cúneo Libarona para este nuevo intento por paralizar el sitio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante el terrorismo de Estado es el de una supuesta auditoría.
En este sentido, la junta interna de ATE en Justicia señaló: “El salario es un derecho alimentario esencial, y la realización de cualquier auditoría no debería impedir el funcionamiento del organismo ni vulnerar los derechos de quienes allí trabajan”.
En las últimas horas, el funcionario que supo ganar notoriedad con casos mediáticos durante la década del 90 desconoció y buscó impugnar la elección de delegados en el ministerio.