Redacción Canal Abierto | Las abogadas que patrocinan la querella de la familia de Pablo Grillo contra el gendarme Héctor Guerrero, identificado como autor del disparo que casi lo mató, denunciaron que su defensa está a cargo de abogados institucionales de Gendarmería Nacional, que constituyeron domicilio en el Edificio Centinela. Ante esto, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) insistió en reclamar la prohibición de la defensa técnica institucional por hechos represivos.
“Como contracara del esfuerzo que deben realizar las víctimas o familiares de víctimas de hechos represivos para poder acceder al sistema judicial, los ejecutores de esos crímenes cuentan con la defensa especializada y gratuita que les proveen los ministerios de Seguridad de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron desde el organismo de Derechos Humanos con más de 30 años de trayectoria.
“Nos cruzamos por primera vez con estos abogados ministeriales en abril de 1991, en la causa Bulacio, en la que fueron los primeros defensores del comisario Miguel Ángel Espósito”, recordaron. “Desde entonces, los enfrentamos, en juzgados nacionales y provinciales, infinidad de veces. Defendieron a los comisarios de la PFA (Federal) en la causa por la represión del 20 de diciembre de 2001 y en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. En casos de gatillo fácil, defendieron a los policías Juan José Luquet (asesino de Marcelo Báez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (asesino de “Kunky” Méndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), Javier Almirón (asesino de Gonzalo Crespo), a los cuatro policías asesinos de Marcelo Maione Míguez, a los policías en la causa Cromañón, a los asesinos de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, al asesino de Esteban Paniagua, entre muchísimos otros. También defendieron torturadores, como los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuk, que torturaron hasta la muerte a Fito Ríos, hijo de Delia Garcilazo y otros como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo”.
“En causas más recientes –precisaron- gozan de esta defensa institucional, nacional, provincial o de la Ciudad, según el caso, los policías de la Ciudad que en octubre de 2019 acribillaron a Claudio Romano en Villa Crespo y están por ser juzgados por homicidio calificado; el policía del GAD (grupo especial) Conurbano Norte Jonathan Leonel Lloveras que fusiló a Leo Galeano en junio de 2021, la policía provincial Camila Gisela Oviedo, que en mayo de 2021 fusiló desde la ventana de su dormitorio a Richard Junior Gómez en Esteban Echeverría, o los policías e inspectores del COT (Centro de Operaciones Tigre) que mataron en la tortura a Gianfranco Fleitas Cardozo en agosto de 2021 (en este caso intervienen letrados del Municipio de Tigre, del que depende el COT)”.
Desde la CORREPI además explicaron que para defender a los integrantes de fuerzas de seguridad imputados por delitos represivos, en el ámbito nacional, existe la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación; en la provincia de Buenos Aires, la División Asuntos Judiciales de la Dirección Asesoría Letrada de Policía; en CABA, la División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad, y así en el resto del país, además que algunas fuerzas, como Gendarmería, que tienen su propio equipo.
“Además del privilegio de defensas particulares especializadas sin costo alguno, ya que sus abogados son funcionarios de planta que cobran del erario público, también están exentos, por la misma razón, de otros gastos que debemos afrontar las demás personas, como el pago del bono ley 8480 y el jus previsional en la provincia de Buenos Aires”, añadieron desde el organismo que encabeza la histórica militante antirrepresiva, María del Carmen Verdú.
También explicaron que, “de acuerdo a la letra de las normas que crean esas dependencias, esos cuerpos de profesionales sólo puede intervenir cuando se trata de “actos de servicio”. En todos los casos, antes de su intervención, hay un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. Así, su reiterada y sistemática participación como defensores de autores de fusilamientos de gatillo fácil, de torturas y de otros hechos represivos, implica la confesión de que esos crímenes son, para el aparato estatal, un acto de servicio, a la vez que es una de las pruebas más evidente de que la represión es política de estado”, denunciaron. Por eso –insistieron- “exigimos la prohibición de la defensa técnica institucional por hechos represivos”.
Justicia por Pablo Grillo
Cabe recordar que el joven fotorreportero fue gravemente herido en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno, en el marco de la multitudinaria protesta de jubilados e hinchas, del miércoles 13 de marzo pasado. Y bien se conoció lo sucedido, entre otros exabruptos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender a las fuerzas federales a su cargo que intervinieron en el operativo, aduciendo que habían actuado conforme al reglamento.
Sin embargo, una investigación del Mapa de la Policía, Red de Cuidado Ciudadano contra la Violencia Institucional, junto a los peritos forenses Rodolfo Guillermo “Willy” Pregliasco y Martín Onetto, realizada en base a fotografías y videos del evento reveló que el disparo que hirió a Pablo, provocándole pérdida de masa encefálica y múltiples fracturas, había sido efectuado de manera horizontal, violando todos los manuales de uso de este tipo de armas.
Una semana después, el Mapa –integrado por Revista Crisis, FM La Tribu, el MTE, el CELS, CORREPI, Punto de Fuga, entre otras- presentó un nuevo informe en el que daban a conocer la identidad del efectivo que había realizado el disparo que casi mata a Pablo.
A un mes de los hechos, el joven que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, continúa en terapia intensiva, sin embargo, días atrás su papá Fabián contó que estaba evolucionando de manera “asombrosa” y que los médicos estaba evaluando derivarlo a una terapia intermedia. Ayer, además, hubo un multitudinario festival en Remedios de Escalada, el barrio de Pablo, para exigir justicia.
“Todo este amor le está llegando. Lo sé porque es parte de su recuperación. Espero que este amor se exprese también en otras instituciones como la Justicia y el Estado, y logremos un “nuca más” a la violencia institucional y a la mentira”, dijo en ese marco su papá.