Redacción Canal Abierto | Javier Milei confirmó el plan oficialista que busca incentivar el uso de dólares no declarados en el consumo cotidiano. Una iniciativa que, según sus palabras, permitirá a los argentinos “usar los dólares sin dejar los dedos marcados”.
Este “blanqueo sin pago de impuestos”, del que aún no se conocen los detalles, despierta alarmas sobre los riesgos de facilitar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la venta ilegal de armas o la trata de personas.
Una medida para “liberar los dólares del colchón”
En una entrevista reciente, el Presidente justificó la medida argumentando que los argentinos atesoran entre 200 y 400 mil millones de dólares fuera del sistema financiero, una cifra que representaría una oportunidad para sostener el tipo de cambio artificial al que apuesta el Gobierno. “Esas personas que tienen ese dinero ahí no son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de los políticos”, afirmó .
El objetivo, aseguró, que lejos de recaudar impuestos, el objetivo sería “liberar” a los ciudadanos para que usen su dinero sin restricciones, en un esquema que involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Justicia.
La propuesta, que Milei describió como una “dolarización endógena”, busca fomentar el uso de dólares en transacciones cotidianas, permitiendo que circulen sin necesidad de declarar su origen.
Además, indicó que “se está trabajando en los detalles” y que la medida anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, va a ser publicada cuando “esté técnicamente impecable”.
Los peligros del dinero sin origen
La preocupación principal radica en la falta de mecanismos para distinguir entre ahorros legítimos y fondos de origen ilegal. En Argentina, los bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF). Sin embargo, Milei calificó estos controles como un “horror” y aseguró que “nadie tiene por qué saber de dónde sacó el dinero”.
De esta manera, el país iría en contra de las normativas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas son actividades que generan flujos masivos de dinero en efectivo, a menudo en dólares, que necesitan ser “blanqueados” para integrarse a la economía formal. Al permitir que estos fondos circulen sin preguntas, la medida podría convertir a Argentina en un destino atractivo para redes criminales internacionales, que podrían adquirir activos como propiedades, vehículos o empresas sin rendir cuentas.
“Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa, no utiliza la economía para combatir el otro delito”, puntualizó el mandatario, ignorando las advertencias de los especialistas.
Una injusticia para los contribuyentes cumplidores
Mientras los ciudadanos que pagaron impuestos y declararon sus ingresos enfrentaron restricciones y cargas fiscales, quienes evadieron al fisco o acumularon dólares de origen dudoso serían premiados con una amnistía sin costo. Al ser consultado sobre esta contradicción, Milei respondió: “El que pudo zafar, genial; no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón (en referencia al Estado)”.
Al ser consultado respecto de quienes “cumplen las leyes” y pagan sus impuestos, respondió: “Quizás [esa persona] no tuvo el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema.
Un anuncio postergado y un contexto electoral
El anuncio de la medida, originalmente previsto para el 15 de mayo, fue postergado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien argumentó que el Gobierno no quería que se interpretara como una maniobra electoralista en el marco de las legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión refleja la sensibilidad política del tema, pero también la falta de claridad sobre los detalles técnicos y legales de la propuesta. Según fuentes oficiales, el paquete incluirá un decreto con flexibilizaciones de ARCA, la UIF y el Banco Central, pero aún no se ha especificado si habrá límites, como un tope de 100 mil dólares por operación, o qué tipo de transacciones estarán habilitadas.
La postergación también evidencia las dificultades para compatibilizar la medida con las normativas antilavado y las recomendaciones del GAFI. Mientras el Gobierno promete una “revolución libertaria” que libere a los ahorristas, el desafío será evitar que esta apertura se transforme en una herramienta para el crimen organizado, comprometiendo la seguridad y la estabilidad del país.
La intención de dinamizar la economía mediante la circulación de dólares no declarados es, en teoría, una respuesta a la crisis de liquidez y la desconfianza en el sistema financiero. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las amnistías sin supervisión adecuada suelen atraer capitales ilícitos, con consecuencias devastadoras para la institucionalidad y la lucha contra el crimen.
Ilustración: Marcelo Spotti