Por Nahuel Croza | “Básicamente nos está robando la plata esta gente, la familia Espiñeira”, declara Rodolfo Rodríguez, trabajador de Lácteos Verónica y delegado de la planta de la empresa en la localidad de Clason, Santa Fe.
Verónica es una compañía con más de cien años de historia, hoy bajo control de la familia mencionada que la gestiona con dificultades desde que en 2019 entró en un Proceso Preventivo de Crisis. Al día de hoy, sus tres plantas están paralizadas debido a la acción gremial de sus trabajadores y a causa de la falta de insumos ya que sus proveedores, los tambos productores de leche, no quieren venderle la producción por la morosidad en los pagos y los cheques rechazados.
“Hoy, la fábrica está parada porque Verónica quiere. Nosotros los trabajadores estamos haciendo una retención de crédito laboral ante el incumplimiento en los pagos. Si una de las partes del contrato laboral no cumple, la otra se ajusta a derecho. La fábrica no está bloqueada y tiene libre disponibilidad operativa. Si hoy se tira leche o se pone un producto feo es porque Verónica quiere, porque tiene disponibles a los trabajadores jerárquicos, fuera de convenio, para que puedan elaborar o cuidar la producción. Aún no pasó, pero si un camión tira leche en una cuneta es pura y exclusiva responsabilidad de la empresa”, sostiene Rodríguez, en diálogo con Canal Abierto.
La empresa tiene tres plantas elaboradoras en Lehmann, Suardi y Clason, todas en la provincia de Santa Fe. Además, tiene centros de distribución en la ciudad de Buenos Aires y otras localidades grandes. En ellas elabora leche envasada en tetrabrik, leche en polvo, crema, dulce de leche y distintos quesos: crema, blandos y duros. En total emplea a 700 trabajadores en relación de dependencia.
El conflicto gremial, encabezado por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), se origina frente a los pagos de salarios de manera fragmentada: de los sueldos de abril la empresa pagó el 30% y luego completó en cuotas hasta el 50,94%, pero hace meses que retiene los aportes a la seguridad social y a las obras sociales.
“La empresa nos viene pidiendo hace años que accedamos a los desdoblamientos de sueldos, al pago en cuotas y los trabajadores accedíamos. Con eso, nos decían, se iban a financiar para comprar insumos. Eso se fue agravando cada vez más. Estos dos últimos años se agravó de una manera terrible”, sostiene Rodolfo Rodríguez, delegado de los trabajadores de la planta de Clason, pueblo vecino de Totoras.
Las retenciones de aportes a la obra social que administra el gremio y a las prepagas de aquellos trabajadores que optaron por este sistema han comenzado a generar severos problemas. “Hay trabajadores con tratamientos oncológicos, con chicos que están con tratamientos oncológicos que al día de hoy están sin cobertura porque las prepagas no te cubren. Chicos que no reciben la cuota alimentaria porque Verónica se las queda”, sostiene Rodríguez.
Un conflicto de larga data
El mercado lácteo en Argentina atraviesa un momento crítico, con una caída del 9,7% en el consumo durante 2024 y con una caída de la producción del 7% interanual. Frente a la caída del consumo interno, la industria fortaleció su carácter exportador, pero con el dólar en los valores actuales deja de ser rentable la ecuación comercial. La devaluación del real, de nuestro principal comprador Brasil, frente a la apreciación del peso, también dificulta la colocación de los productos lácteos en el país vecino.
Los trabajadores cuentan que ya van 6 o 7 años con conflictos de este tipo. “Pero, cuando llegó el momento de la pandemia, Verónica tuvo ganancias extraordinarias por procesamiento, elaboración y envasado de productos. En un día normal, Verónica procesaba entre 600 y 700 mil litros de leche; en ese momento, estaba por encima del millón. Y así se mantuvo durante 1 año”. En ese momento se pusieron al día con los salarios pero al poco tiempo comenzó el declive nuevamente; “en estos últimos años como creo que le pasó a toda la industria nacional, se vino en picada. Se fueron los tambos, no hay insumo, no hay leche”, cuenta el delegado de base de Atilra.
En este derrotero, los trabajadores advierten que las fábricas van decayendo y sospechan de un vaciamiento intencional de la empresa. Ya van dieciséis días de retención laboral, a pesar de lo cual, “los trabajadores seguimos cuidando los productos que están en cámara y con procesos de elaboración, de estacionamiento que se elaboraron antes del conflicto. Los seguimos cuidando porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad”, explica Rodolfo. “Echarle la culpa al trabajador siempre es fácil. En este caso es pura y exclusiva responsabilidad de Verónica”.
Audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación
“Hoy hay compañeros que no tienen para comer. Ayer el gremio ayudó a estos trabajadores con un aporte económico”, contó a este medio el delegado.
En la tarde del jueves 29 de mayo, en la Secretaría de Trabajo de la Nación, representantes de la empresa, de Atilra y delegados de las tres fábricas sostuvieron una reunión en la que no se llegó a ningún acuerdo. La empresa no llevó ninguna propuesta de recomposición concreta. Manifestó la intención de terminar de pagar el salario de abril entre el 2 y el 11 de junio, pero no hay ninguna certeza sobre los haberes de mayo. En estas condiciones, los trabajadores decidieron continuar con la retención del crédito laboral por tiempo indeterminado.
En la semana, uno de los dueños de la empresa, el presidente del directorio, se presentó en la planta de Clason y pidió hablar con los doscientos trabajadores sin la representación sindical presente, pedido que fue rechazado por los empleados. En la reunión, “básicamente lo que dijo es que no tenía ninguna solución al problema. Nos pidió que trabajemos y que si juntaba algo de plata nos lo iba a pagar como podía”.
¿Y los gobiernos?
El gobierno de la provincia, encabezado por Maximiliano Pullaro, por el momento, no hizo “absolutamente nada. Solamente uno o dos concejales del pueblo se acercaron a nosotros. Ni la intendenta, ni el gobernador, ni el senador que representa esta zona, el departamento de Irigoyen, nadie hizo nada”.
El potencial cierre de la planta va a ser una tragedia para una zona que tiene 14.000 habitantes, distribuidos entre Totoras, San Genaro y Clason. “Son 200 familias que se sustentan del trabajo en Verónica, más todo el trabajo indirecto que genera. No entendemos por qué ningún actor político hoy está consultando, por lo menos; en lo que compete a los trabajadores, nadie se acercó, no sabemos si tuvieron diálogo con la empresa”, explica Rodolfo.
“Quiero destacar la conciencia de clase y la hidalguía con la que están llevando adelante mis compañeros esta lucha. La verdad que es admirable. Que desde nuestra fábrica haya surgido esta especie de resistencia, la verdad que enorgullece y nos muestra que no todo está perdido, que hay una esperanza”, concluye el trabajador.