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Salud

El Garrahan, sin guardia; y el ministro de Salud, imputado 

El hospital pediátrico de alta complejidad y referencia a nivel nacional atraviesa una crisis sin precedentes: al ajuste y salarios de miseria, el Gobierno sumó la restricción al mínimo del área de emergencias. Mario Lugones, en la mira de la Justicia. Sigue el conflicto.
Publicado 03/06/2025 3 minutos para leer
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Redacción Canal Abierto | Fundado hace 37 años, el hospital Garrahan es sinónimo de pediatría en Argentina y una referencia a nivel regional. Pese a la sistemática falta de recursos, allí se atienden casi 700 mil consultas al año y realizan más de 10.000 cirugías.  

Sin embargo, desde que asumió Javier Milei, los salarios de sus profesionales se encuentran virtualmente congelados: un residente, por ejemplo, hoy cobra unos $797.000 mil pesos mensuales.  

Ante esta situación, en los últimos dos meses escaló el conflicto con paros y movilizaciones, a tal punto que el Gobierno pasó de la hostilidad a conceder un magro aumento que llevaría los sueldos a 1.300.000. El condicional es porque la propuesta aún no fue oficializada, por lo que los trabajadores mantienen el alerta.  

A esta precaria situación, se acaba de sumar la restricción al mínimo del área de guardia. En concreto, desde el domingo por la noche y por decisión de la dirección médica (cargos políticos, puestos por La Libertad Avanza), solo se acepta el ingreso de pacientes con inminente riesgo de vida.

La otra novedad de la jornada vinculada al Garrahan es la decisión del fiscal federal Guillermo Marijuan de imputar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del hospital. 

Denuncian el ajuste de Milei como un “genocidio planificado”  

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Marcela Campagnoli por las presiones que habría ejercido el funcionario mileista para que renuncie la totalidad del Consejo Directivo de la institución: “de manera arbitraria y contraria a la normativa”. 

La “limpieza” impulsada por Lugones ocurrió luego de que el Consejo decidiera otorgar al personal un bono de $500.000, cifra que excedía la pauta salarial establecida por el Estado Nacional y contraria a los planes de desmantelamiento de la institución. 

A partir de entonces, el Consejo pasó a estar integrado por los representantes del Gobierno Soraya Anis El Kik, Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem. Este último, familiar de Martín y “Lule”, herederos del expresidente y laderos de confianza de Karina Milei.  

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